28 millones para concesionaria y 24 millones para el municipio, durante la concesión de los fotorradares en Ambato, según consta en el informe de la dirección financiera del Municipio de Ambato (DF-C-21-194).
El contrato se firmó el 16 de abril del 2014, entre el Municipio de Ambato, representado en ese entonces por el alcalde Fernando Callejas y el Sr. Juan Manuel Rosero, Gerente General de la compañía Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. SAFENFORVÍA, después de la adjudicación hecha el 7 de marzo del 2014 a la única empresa que se presentó.
En el contrato se estableció que la empresa concesionaria se beneficiaría con el 20% por concepto de gastos administrativos Además de una repartición del 80% sobrante entre la empresa y el municipio de Ambato.
El concejal Felipe Bonilla, presentó una denuncia a la Contraloría por la forma como se adjudico el contrato y las condiciones en las que se los firmo, altamente beneficiosas para la empresa concesionaria y muy perjudiciales para el municipio.
El SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Rafael Parreño Navas, se pronunció en sentido de que, el contrato de concesión de la foto radares violaba el ordenamiento legal y era nulo, pues la empresa concesionada no presentaba los requisitos mínimos para la adjudicación.
De igual forma, Carlos Polit CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, hizo varias observaciones al contrato, en las cuales se insistía en que dicha compañía no cumplía lo requisitos suficientes, por lo que se debería reconsiderar esta decisión.
En auditorias posteriores de la Contraloría General del Estado realizadas en el año 2016, se hicieron más observaciones sobre irregularidades en el contrato y en su ejecución. Los auditores dijeron que el sistema contratado realizaba saltos en la numeración del numero de infracciones por “errores en el sistema” del cual no se efectuaron los correctivos necesarios, significado un gran perjuicio económico para los conductores.
El Asambleísta Luis Fernando Torres, solicito información documental mediante el oficio 209-2015-LFT, en el año 2015 de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado y denunció que se había consagrado un atraco a los ambateños. Señaló que la inversión de la compañía contratista era ínfima en comparación a los millonarios ingresos anuales que estaba recibiendo, pues, 8 fotorradares no podían costar más, ese tiempo, de 100 mil dólares y la compañía recibió anualmente utilidades exorbitantes.
También al asambleísta Lira Villalba, denunció el atraco y llego, inclusive, a solicitar la comparecencia del contralor en la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Al mismo tiempo el asambleísta Torres presentó un proyecto de ley para bajar el monto de las multas de tránsito, derivadas del sistema de foto multas. La legisladora Villava, apoyo la iniciativa. Sin embargo, en la comisión de justicia y el pleno de la asamblea las mayorías de turno votaron en contra de bajar las multas y no pudo aprobarse el proyecto del asambleísta Torres.
En el debate legislativo se dijo que el problema con los fotorradares de Ambato no era el monto de la multa, sino que se multaba con fotorradares mal calibrados, ubicados en pendientes y curvas, con la finalidad de beneficiar a una empresa privada.
El contrato de los fotorradares, comenzó a ejecutarse en la administración de Luis Amoroso, en el año 2015, a pesar de los pedidos ciudadanos para que el contrato se termine en el 2017.
Frente a las denuncias de ingresos millonarios en el año 2016 y 2017 por la empresa privada en montos de 8.728.750,60 y 7.110.908,17 respectivamente, el alcalde Amoroso se vio obligado a aceptar que se renegocie el contrato. Desecho la idea de terminarlo.
En el contrato renegociado a finales del 2017 solamente, se modificó ligeramente la participación en los ingresos de las multas de la empresa concesionaria y del municipio.
El año de la modificación (2017) se recaudó un total de 12.093.381,24 y el año siguiente (2018)un total de 6.683.828,86.
El contrato de los fotorradares fue uno de los ejes centrales del debate de los candidatos a la alcaldía de Ambato en el año 2019. El actual alcalde Javier Altamirano, defendió la legalidad e idoneidad del contrato y del sistema de fotorradares, al igual de que el alcalde saliente Luis Amoroso. Solamente Luis Fernando Torres, mantuvo una posición frontal al anunciar que terminaría el contrato de lo fotorradares y exigiría indemnizaciones a la empresa concesionaria por los perjuicios causados al municipio y la ciudad, con congresos descomunales frente a la exigua inversión.
La foto radar numero 9 fue ubicado en la Av. Bolivariana y Aníbal Granja, ubicado en el año 2019, durante la administración de Javier Altamirano ha generado un gran problema debido a que no esta legalmente autorizado para funcionar en dicho sector, pues esa aprobación no le corresponde a la municipalidad sino a la Agencia Nacional de Transito del Ecuador. Dicho radar ha contabilizado 60 millones de dólares por un total de 362 mil multas entre enero del 2020 hasta junio del 2021.
La concejal María José López ha sido muy critica con el alcalde Altamirano al que acusa de ser responsable del problema, por haber permitido loa instalación de la foto radar 9 y defendido la vigencia del contrato, sabiendo que es altamente prejudicial para la ciudad.
