El tema de los fotorradares en Ambato, es un escándalo nacional, pues afecta a los bolsillos de todos, sin embargo, a sabiendas de esta problemática ninguna autoridad (alcalde y exalcaldes) ha asumido la responsabilidad y solo se han lavado las manos.
Diario expreso título así la noticia del lunes: “Un fotorradar en Ambato es la mina de oro de las multas” e indica que solo el noveno radar, el de la Bolivariana, ha sancionado a 362.000 conductores, lo que representa el 60 % del parque automotor del cantón.
Los dimes y diretes de los alcaldes
Durante varias entrevistas a medios locales cada uno de los exalcaldes y el actual alcalde de la ciudad se han lavado las manos, se pasan la pelota entre ellos y no admiten ninguna responsabilidad, ante esta grave problemática que afecta al bolsillo de los ambateños y ecuatorianos.
Lo que dicen los informes: Callejas adjudico y firmo el contrato en abril del 2014, un mes antes de dejar el cargo.
Lo que él dice: El proceso fue trasparente y duro 7 meses para su ejecución, misma que ya no fue en mi administración, sino en la de Amoroso.
Lo que dicen los informes: Amoroso ejecuto el contrato en el 2015 y colocó 8 fotorradares en curvas y pendientes
Lo que él dice: El contrato ya se firmó un mes antes de que yo asuma la alcaldía y solo proseguí a ejecutar lo que estaba ya firmado.
Lo que dicen los informes: Altamirano siguió ejecutando el contrato en 2019 y autorizó el conflictivo Fotorradar 9.
Lo que él dice: yo no conocía nada al respecto y no autorice nada ya que el contrato ya vino firmado de anteriores administraciones, por lo que esta acción es ilegal.
En 7 años las multas recaudadas en Ambato por los ocho radares de la empresa Safety ascienden a $ 53,1 millones, teniendo una división de alrededor de 28 millones para el municipio y 24 millones para la empresa. Pero el noveno solo entre enero de 2020 y julio de 2021 acumula foto multas por $ 60 millones.
En Loja, existía un contrato en similares términos con la misma empresa privada y debido a varias problemáticas se dio por terminado unilateralmente en el año 2020. Ahora los controles de velocidad desde hace 15 meses se realizan por medio de la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT), amparados en la ordenanza que regula y controla los límites de velocidad de los automotores que circulan por las vías del cantón.
Ambato es la única capital de provincia en el Ecuador que tiene este sistema de multas con una concesionaria privada, por lo que varias organizaciones sociales piden la terminación del contrato con dicha empresa que lleva lucrando en la ciudad desde el 2014 hasta la actualidad.
La concejal María José López, manifestó a un medio local que estos tres alcaldes deben asumir la responsabilidad por el atraco al bolsillo de los ambateños en los últimos 7 años. No se explica porque no se ha demandado la terminación de ese contrato lesivo, firmado el 2014. Además, indicó que está a la espera de conocer si la Contraloría ha determinado responsabilidades administrativas y civiles, una vez que la Procuraduría General del Estado, dijo que el contrato era nulo y los auditores de la Contraloría realizaron serias observaciones a la ejecución.
Uno de los más críticos, con los fotorradares ha sido el exalcalde Luis Fernando Torres. El 2014 y el 2015 logró que la Procuraduría General del estado y la Contraloría se pronuncien señalando los problemas de contratación y ejecución. Logró que los fotorradares ubicados en la curva del puente de Huachi Belén, la pendiente de la Manuelita Sáenz y las pendientes de los ingresos norte y sur de Ambato, fueran removidos porque eran una trampa.
En las elecciones del 2019, fue el único candidato a la alcaldía que anunció que demandaría la terminación de contrato y exigiría indemnizaciones de daños y prejuicios a la concesionaria para reparar a los ambateños que habían sido ilegalmente multados con fotorradares mal ubicados y calibrados. Igualmente, en la asamblea su proyecto de rebajar las multas de transito fue tramitado en la respectiva comisión, aunque en el pleno no hubo votos suficientes para aprobarlo, otros proyectos presentados por legisladores de Tungurahua ni siquiera fueron calificados.
La acción de protección que perdió el municipio de Ambato, ante la corte de Quevedo, esta siendo apelada. Sin embargo, si la corte confirma la sentencia, más de 360 mil ecuatorianos estarán en problemas y tendrían que asumir las multas que tiene una valor de entre 120 y 400 dólares.
El asambleísta por Tungurahua, Esteban Torres solicitó, a mediados de septiembre del 2021, un informe detallado al contralor General de Estado sobre las auditorias realizadas a la contratación y ejecución de contrato de los fotorradares. Existe interés en saber si están avanzando procesos de sanciones administrativas y responsabilidades civiles culposas que podrían terminar con multas, destituciones o glosas.
