Mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispone el retiro del Fotorradar No.9, el Municipio de Ambato se encuentra arrinconado por la empresa concesionaria, que espera recaudar 60 millones USD de las multas, gracias a una garantía constitucional.
La viceministra del MTOP comunicó que se ha dispuesto a la Municipalidad, a través del alcalde, que se retire el noveno fotorradar (ubicado en avenida Bolivariana y Aníbal Granja, cerca del redondel de Terremoto) en un término de cuatro días, ya que está funcionando sin autorización en la ciudad.
El funcionamiento y la recaudación millonaria de los fotorradares en la ciudad, se evidenció tras la denuncia impuesta por varios trasportistas ante el Municipio de Ambato, por los altos valores que la empresa pretendía recaudar con las multas registradas en el fotorradar 9, que ascenderían a más de 60 millones de dólares. Es decir, más de lo que todos lo fotorradares ubicados en la ciudad han recaudado durante 7 años de funcionamiento que es de 53 millones de dólares.
Es sorprendente que sea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que tenga la fuerza institucional, y no el Municipio de Ambato, para detener el abuso de las multas de tránsito. Además, es inaceptable que por parte de la municipalidad no se haya dado por terminado el contrato más nefasto y corrupto en la historia de Ambato, a pesar de que la empresa ha incumplido su rol y se ha tomado atribuciones que no le corresponden.
