Torres en la campaña de la alcaldía 2019, fue claro y terminante en decir que demandaría a la concesionaria de los fotorradares por los daños a la ciudad. Altamirano y Amoroso defendieron a la concesionaria. Han pasado casi 4 años para que recién se anuncie que se demandará la terminación del contrato, cuando ya sólo falta menos de 2 años para que se cumplan los 10 años de la concesión, aprobada por el exalcalde Callejas en el 2014.
Según Luis Fernando Torres, los fotorradares de Ambato son el mayor escandalo de corrupción en los últimos años. La compañía, hasta el año 2021, recibió 28.81.642 dólares, mientras el Municipio 24.736.466 dólares, por el funcionamiento de 8 fotorradares. Cuando comenzó a funcionar el fotorradar 9, los ingresos en beneficio de la concesionaria aumentaron significativamente en prejuicio de los contribuyentes multados en forma tramposa, al encontrarse ese fotorradar escondido y en una vía administrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.(MTOP)
La concesión fue adjudicada por el alcalde Callejas en el mes de abril del año 2014, y él mismo firmó el contrato con la concesionaria. El año siguiente el alcalde Amoroso ejecutó el contrato, dándole todas las facilidades a la concesionaria privada, para que instale 8 fotorradares. Años después se reformó el contrato, una vez que la Contraloría General del Estado había hecho serias observaciones a la distribución de las multas entre el Municipio y la empresa concesionaría. Inclusive la Contraloría estableció glosas por los prejuicios ocasionados.
En la campaña del año 2019, estuvo el sistema de los fotorradares en el corazón del debate. Amoroso trató de desviar la atención del problema, que comenzó con él, dado que en su administración se ejecutó el contrato, diciendo que la solución estaba en una reforma a la Ley de Tránsito, sobre el monto de las multas, culpando hábilmente a la Asamblea Nacional por las leyes aprobadas. Pocos le creyeron tan absurda justificación. Torres, que había sido legislador presentó la reforma a la Ley de Tránsito oportunamente, señalando que la solución no era de reforma legal sino de decisión local por parte del Municipio de Ambato, y criticó tanto al exalcalde Callejas por haber firmado y adjudicado la concesión, como al alcalde Amoroso por haberla ejecutado, ubicando lo 8 fotorradares, sin señales suficientes, hasta en pendientes y curvas.
En la campaña del 2019, Altamirano eludió cualquier tipo de compromiso para terminar el contrato y Amoroso se lavó las manos. Los escándalos del año 2021, especialmente por el fotorradar 9, y por qué existen glosas confirmadas del primer informe de la Contraloría y porque está por confirmarse más glosas en el segundo informe de la Contraloría, ha llevado que el tema nuevamente salga a la luz y, a última hora, se anuncien medidas para resolver un problema creado el 2014, por una concesión de 10 años en la ciudad de Ambato.
El escándalo de los fotorradares es un tema que ha comenzado y no va a terminar pronto, porque habrá que determinar a los responsables y culpables del mayor atraco cometido en Ambato, con un contrato que ha sido criticado en niveles nacionales y locales.
El legislador Esteban Torres Cobo, recibió información del Contralor General del Estado sobre las glosas confirmadas ante un requerimiento que hizo. Por su parte, la asambleísta Rosa Mayorga coordinó la presentación del Contralor en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en la que el Contralor señaló varias irregularidades cometidas en el contrato de los fotorradares de Ambato.
La prensa nacional ha sido también muy crítica sobre el sistema de fotorradares que opera en la ciudad de Ambato. Por ejemplo, la Revista Vistazo tituló lo siguiente: “Contraloría identifica irregularidades en contrato de fotorradares en Ambato”, Diario El Comercio tituló lo siguiente: “Contraloría estableció irregularidades en contrato de fotorradares en Ambato”. En los medios locales, entre ellos Diario El Heraldo, se han hecho reportajes amplios, así como en varias radios y canales locales.
Como consecuencia de estas informaciones, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, señaló que se daría por terminado el contrato con la empresa concesionaria. Está, por intermedio de su presidente, no tardó en hacer público su pronunciamiento y destacó que eso transgrede las condiciones contractuales y constituye un riesgo social y económico, para los ambateños. Recordó que el propio alcalde Altamirano autorizó por escrito el fotorradar 9.
Además, sostuvo que “hasta el momento hemos mantenido una postura respetuosa al accionar y pronunciamiento de la autoridad, sin embargo, iniciaremos todas las acciones legales para defender el honor de nuestra compañía ante los incesantes ataques de politiqueros que pretendiendo tapar su ineficiencia mancillan una gestión de años que ha conseguido reducir los accidentes fatales en los puntos de control de la ciudad de Ambato”.
De las estadísticas oficiales, no existe una comparación entre los accidentes ocurridos antes y después del 2014 en las vías con fotorradares, por lo que es aventurado que se diga que se ha reducido la accidentalidad.
