La Corte Provincial de Los Ríos revocó la sentencia de la Juez Constitucional de primera instancia, por lo que la Empresa Safety de los fotorradares de Ambato no podrá seguir operando y cobrando por el fotorradar 9 ubicado en la Av. Bolivariana y Aníbal Granja.
Hace 6 meses, esto es en el mes de septiembre, la Juez de Quevedo resolvió que la empresa de los fotorradares podía cobrar multas atrasadas. Se estimó que el número de multados, a esa fecha, era de 362 mil y que las multas alcanzaban la cantidad de 60 millones de dólares.
Con esa decisión judicial, la empresa de fotorradares inició las acciones para cobrar las multas. Algunos perjudicados lograron evitar el pago de la multa recurriendo a los Jueces de Tránsito, que declararon la prescripción, otros tuvieron que pagar. Como el fotorradar 9 ha estado funcionando en dicho sector, de manera oculta y detrás de un poste, se han aplicado más multas por lo que existen muchos ciudadanos de Ambato, Tungurahua y el resto del país que ha sido multados injustamente por el dispositivo.
Con la decisión de la Corte Provincial de Los Ríos se deberían iniciar acciones para que tanto el Municipio como la empresa de fotorradares devuelvan lo que nunca debieron haber cobrado por el fotorradar 9. Mientras el alcalde ha dicho que va a terminar el contrato y que se le hará a la empresa de los fotorradares devolver lo cobrado, la concejal María José López ha señalado que los cobros, no lo hace directamente la empresa, sino que el valor de las multas ingresa al municipio y desde esta entidad se distribuye a la empresa. En tal virtud el Municipio tiene responsabilidad en la devolución.
Según López, no se puede con información incompleta, generar falsas expectativas en los ambateños, la lucha de quienes pagaron esas multas será complicada y el Municipio deberá apoyar, porque los fotorradares han sido el instrumento del saqueo en Ambato, desde el año 2014, cuando el alcalde Callejas adjudicó el contrato, el 2015 cuando el alcalde Amoroso instaló los fotorradares, y el actual alcalde ha mantenido en vigencia el contrato en los últimos 3 años, a pesar de que la Procuraduría General del Estado señaló que le contrato era nulo y la Contraloría general de Estado, por su parte, hizo serias observaciones.
Los responsables del abuso de los fotorradares son aquellos que dirigieron las administraciones municipales entre el 2014 y el 2022, además de la empresa de fotorradares Safety que ha abusado de los cobros.
Por su parte El concejal Robinson Loaiza ha señalado que con esta sentencia no ganó una autoridad, ganamos los ciudadanos y no solamente ambateños sino ecuatorianos afectados ante los atropellos cometidos por aquellos que se camuflan en la «inversión privada» para lucrar ilegalmente en complicidad de ciertos «personajes políticos» con intereses «particulares».
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El contrato de los fotorradares terminará en el año 2024, en tal virtud habrá que tener cuidado sobre los efectos de la terminación que anunció el alcalde Altamirano, pues una terminación santificada judicialmente, el 2022, cerraría todas las posibilidades de reclamos en contra de la empresa de fotorradares. Por eso, es que no se puede terminar por terminar el contrato, y menos aún con una aprobación judicial, por que si esto ocurre la empresa de fotorradares quedará blindada jurídicamente, frente a cualquier reclamo.
Los concejales de Ambato deberían investigar los que ha ocurrido con los fotorradares estos últimos 8 años y en cuanto a la terminación de contrato, analizar las consecuencias de la terminación, porque si no se termina, como corresponde, no se podrán levantar reclamos en contra de la empresa a futuro.
