Más de 20 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, fueron desvinculados de su trabajo en el Hospital de IESS en Ambato, pese a los ofrecimientos por parte de los representantes de esta casa de salud, de un contrato indefinido como reconocimiento a su labor durante la pandemia.
Los despidos son injustos, pues ellos enfrentaron la emergencia sanitaria durante más de dos años, en primera instancia con un contrato provisional, pero con la promesa de establecer un contrato indefinido a fututo. Según una de las enfermeras despedidas, incluso se les habría solicitado una hoja de vida, para realizar el tramite de contrato, el cual nunca llegó.
“Policías y militares, fueron reconocidos con bonos y nosotros que trabajamos en primera linea y que vimos morir a amigos y familiares, fuimos reconocidos con un despido, cuando muchos somos cabeza de hogar y necesitamos trabajar”, señaló.
Este miércoles se tiene previsto el desarrollo de una marcha en Quito, para solicitarle al Gobierno y a la Asamblea Nacional el apoyo a estos profesionales de la salud, que trabajaron incansablemente durante la pandemia y que hoy están sufriendo la indolencia de las autoridades, al dejarlos en el desempleo.
En el portal Primicias se destaca que, las autoridades del IESS señalaron que es necesario un análisis de los contratos de emergencia (tienen una duración de 90 días) luego de que el país registra una caída del número de contagios por coronavirus. Según los cálculos de la entidad, los 1.067 contratos le significan un gasto de USD 2,3 millones anuales.
Casos de corrupción
Esta casa de salud también esta inmersa en una investigación por Corrupción desde enero del 2022 cuando, a través de denuncias públicas, se conoció de las presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adquisición de insumos médicos, en medio de la emergencia sanitaria por Covid.
Hasta el momento, cuatro personas están siendo procesadas, en este caso, a través del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona estos actos con pena privativa de libertad de entre 10 a 13 años.
