Por: Luis Fernando Torres
Le sobraron epítetos a la Corte Constitucional para cuestionar la austeridad fiscal del Gobierno frente a las pretensiones de los maestros en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). De haberse querido lavar las manos con la judicialización de un conflicto social, es decir, trasladando a los jueces un asunto que podía ser resuelto políticamente entre el Ejecutivo y la Asamblea, resultó acusado el Presidente. Y la CC fue, inclusive, más allá, al reprocharle una inaceptable manipulación del veto presidencial, al haber recurrido al veto por inconstitucionalidad en lugar del veto por razones de conveniencia, en el Dictamen No. 2-22-OP/22.
No es común que la CC cuestione en semejantes términos al Presidente. Ni que le diga a la Función Ejecutiva que no ha sido diligente ni propositiva en cuanto a la certificación del Ministerio de Economía de los fondos para pagar a los maestros y al estudio de factibilidad financiera.
A la Asamblea, por el contrario, la CC le reconoce que realizó una amplia deliberación democrática, racionalizó los incrementos salariales e identificó responsablemente las fuentes de financiamiento, a pesar de la deficiente colaboración del Ministerio de Economía. Gracias a la Asamblea se pudo bajar el impacto anual del incremento de los sueldos y escalas de los maestros de 2.175 millones USD a 496 millones USD. Para los detractores de la Asamblea, lo que dice la CC es un balde de agua fría.
A la Función Ejecutiva, que se resistía a cualquier incremento, la Corte le hizo saber que en un “Estado social”, como el ecuatoriano, el principio de la estabilidad fiscal no constituye un valor en sí mismo sino un valor instrumental al servicio de la progresividad de los derechos, entre éstos, los derivados de las políticas educativas. Tuvieron la entereza necesaria los jueces constitucionales para distanciarse de la demagogia en la expedición de leyes generosas en derecho fundamentales, pero desfinanciadas, y, sobre todo, del “fiscalismo consistente en la oposición irrazonablemente austera a leyes promotoras de derechos”.
Con el batacazo de la CC al Presidente, se ha hecho justicia con los maestros, quienes ya podrán aspirar a ganar lo que gana todo servidor público. Las reformas a la LOEI están financiadas. En las naciones prósperas, se paga bien a los maestros. La transformación de la educación ecuatoriana requiere que los docentes reciban una remuneración que corresponda a sus altas responsabilidades.
@lftorrest
