Por: Luis Fernando Torres
A la residencia de Trump en Miami ingresaron oficiales del FBI, durante un día completo, para recuperar archivos presidenciales. No sólo indagaron en los armarios de las habitaciones, sino que abrieron la caja fuerte. Por la noche se llevaron documentos en cajas selladas. La residencia de Mar A Lago fue allanada como se allana la residencia de cualquier sospechoso de un crimen.
No cabe duda de que debió existir una motivación política detrás de la orden de allanamiento a la residencia de Donald Trump. Se trataba de documentos que el expresidente tenía en su poder y que reclamaba la oficina de archivos dentro de un procedimiento administrativo en curso.
La residencia del expresidente Lenin fue allanada en Quito para recuperar objetos presidenciales, entre ellos, esculturas y obsequios.
En el caso Danubio, las residencias de “palos gruesos” de la política fueron allanadas para conseguir evidencias sobre la venta de cargos en las aduanas por tres millones de dólares.
El allanamiento está previsto en el COIP. Procede a pedido del fiscal con orden judicial. Es una limitación a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, sólo debería proceder de cumplirse los requisitos legales y de no haber otra forma de encontrar evidencias de un posible delito.
Sin embargo, los fiscales y los jueces tienden a abusar de los allanamientos. En no pocas ocasiones se desarrollan sin que sean imprescindibles, pues, las pruebas y evidencias es posible recabarlas por otros medios. Es más grave aún cuando los allanamientos tienen como fin último un impacto mediático antes que procesal.
Lo que pasó en Mar A Lago es una lección del extremo al que puede llegar el allanamiento en un país con un sólido sistema de investigación de delitos.
@lftorrest
