Por: Luis Fernando Torres
El legendario Julio César, cuando era un joven abogado de 23 años, en el enjuiciamiento del poderoso senador Dolabela, dijo que él era Roma porque representaba a los ciudadanos en la acusación en contra del corrupto Dolabela. Lo dijo al advertir que los 52 jueces-senadores estaban comprometidos para absolver al acusado. Pensó que, así, aunque perdiera el juicio, como, en efecto perdió, despertaría la ira ciudadana por el amañado proceso judicial.
Dolabela, en su calidad de gobernador de Macedonia, territorio ocupado por Roma, no sólo había distraído dineros para la reconstrucción de la principal carretera sino que había profanado el templo de Delos, llevándose los símbolos religiosos de oro, y había violado a la hija de un dirigente macedonio. Creyeron, equivocadamente los macedonios, que podían confiar en la justicia romana. El resultado demostró que la justicia estaba politizada.
No les quedó otra salida que asesinar a Dolabela para limpiar los abusos del senador y gobernador, al que lo había protegido el sistema judicial.
En los sistemas procesales penales modernos, los fiscales hablan en nombre de los ciudadanos. En nuestro país muchos de ellos creen que son Ecuador o en las provincias que hablan, por ejemplo, por Guayas, Azuay o Tungurahua. Y en verdad lo hacen cuando acusan con fundamento. Son embargo, en la mayoría de causas acusan por acusar a inocentes. Se quedan lejos de la gesta de un Julio César.
La novela de Santiago Posteguillo, Roma Soy Yo, ilustra los desafíos de los que asumen la tarea de fiscales con honor y para acusar a verdaderos criminales.
@lftorrest
