En el debate desarrollado por la Cámara de Comercio de Ambato, varios candidatos a la alcaldía de Ambato cuestionaron el accionar de la anterior y la actual administración municipal ante la colocación y el funcionamiento irregular de los fotorradares.
El exalcalde Amoroso fue duramente cuestionado por los demás candidatos a la alcaldía debido a que, en su administración, el año 2015, autorizó la colocación de los fotorradares en diversos puntos de la ciudad. Justificó esa medida con el argumento de que su antecesor, el exalcalde callejas había hecho la concesión y firmado el contrato en el año 2014.
Felipe Bonilla, candidato del PSC-TC, le recordó que ya se había presentado una denuncia por parte del edil Bonilla en este entonces, en la Contraloría General del Estado, por lo que Amoroso debió haberse abstenido de autorizar la colocación de cerca de 12 fotorradares, inclusive en bajadas y en curvas, con lo cual la concesionaria se beneficio por la forma exponencial en la que se multiplicaron las multas.
Otro de los criticados por los fotorradares, fue el alcalde Altamirano, dado que, en los últimos 4 años, lo único que ha hecho ha sido mantener el contrato y garantizar la distribución de utilidades entre el municipio y la concesionaria.
Calificaron los demás candidatos de mentirosa la propuesta de Altamirano, de que el próximo año va a terminar los fotorradares, por cuanto, lo que va a ocurrir es que el contrato va a fenecer porque ya espiraran los 10 años de la concesión. Altamirano prácticamente no pudo responder ante semejante cuestionamiento.
Felipe Bonilla y Diana Caiza dijeron que los fotorradares son el mayor atraco que se ha cometido en Ambato, pues, ha permitido que la concesionaria tenga ganancias que bordean los 60 millones de dólares, con una inversión bajísima, que no debió pasar del millón de dólares.
Adicionalmente, en el debate se trataron temas relacionaos con el PUGS, PDOT y las reformas. El propio Amoroso, junto a Felipe Bonilla, Sandra Caiza y Salomé Marín cuestionaron los errores, especialmente el PUGS, y lamentaron que la administración municipal de Altamirano sostenga que el PUGS no afecta los derechos de los ambateños.
Coincidieron que es, en varios aspectos, lesivo para los derechos de los ambateños, por cuanto no podrán realizar actividades de construcción y de comercio que antes si podían realizarse.
