Consejeros destituidos por Corte Constitucional, marañas judiciales sin efecto

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La Corte Constitucional (CC), resolvió destituir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por “incumplimiento deliberado y sistemático”. La decisión de la CC es definitiva y no puede ser impugnada.

Los siete consejeros destituidos son: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofia Almeida, Juan Xavier Dávalos y David Rosero

La decisión de la CC no solo pesa sobre el grupo de Ulloa (Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán) sino que alcanza a los otros tres que constituyeron la minoría del Cpccs (Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos). Es decir, los siete consejeros principales quedaron fuera de la institución como efecto inmediato del auto de verificación de sentencia No. 1219-22-EP/23. Esta se relaciona al seguimiento de la selección y designación del titular del Consejo de la Judicatura.

La CC concluyó que hubo un “incumplimiento deliberado y sistemático” del numeral 4.3 de la sentencia 1219-22-EP/22 emitida el 26 de septiembre de 2022, por parte de los ahora exconsejeros.

Ese numeral estableció que, una vez recibida la terna de candidatos, remitida por la Corte Nacional de Justicia, el CPCCS debía proceder de manera célere con la selección y designación del vocal principal. Debían elegir al nuevo titular de la Judicatura que reemplace a Fausto Murillo, quien tenía el encargo de la Presidencia. No ocurrió.

Aunque los de minoría no participaron en esa sesión, la CC evaluó según la responsabilidad individualizada de cada consejero, por acción y/u omisión.

Asamblea se pronuncia

“Es una decisión trascendental. La Corte Constitucional por fin le pone un punto final a la crisis de institucionalidad que estaba viviendo el país”, dijo el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres Cobo.

El legislador recordó que los consejeros ya fueron destituidos por el Parlamento el 19 de noviembre del 2022; sin embargo, pudieron regresar al puesto con una acción de protección a la que tachó de ilegal.

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