Con 104 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe elaborado por la Comisión que investigó el caso ‘El Gran Padrino’, el cual recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso.
La asambleísta encargada de presentar el informe, fue Viviana Veloz, del bloque de UNES. Veloz dividió en 3 pates su exposición: 1. Vinculación de la mafia albanesa y el narcotráfico en el Gobierno; 2. Estructura de corrupción en las empresas públicas; y, 3. Juicio político.
Por su parte, el legislador Esteban Torres Cobo, señaló que existen pruebas sobre como el Gobierno sabía que había intervención de grupos mafiosos y entramados corruptos dentro de su círculo más cercano, a eso se lo conoce como “omisión dolosa”.
Por la bancada de Gobierno, el legislador Juan Fernando Flores destacó que no hay causales, no hay pruebas, por lo que las resoluciones tomadas por la Comisión son solo una fábula para atentar contra la democracia del país.
En el debate intervinieron 41 parlamentarios de todas las bancadas legislativas. Destacaron que en el documento se evidenciaría una presunta estructura de corrupción en las empresas públicas y posibles vínculos de grupos criminales con allegados al gobierno, de los que el Jefe de Estado habría tenido conocimiento, por lo que estaba obligado a denunciarlos.
El documento será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas respectivas y adopten las medidas pertinentes.
La Constitución detalla que el juicio político contra un Presidente puede darse si cumple con alguna de estas tres causales:
- Delitos contra la seguridad del Estado.
- Delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- Delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Ya que el informe no es vinculante, el proceso debe comenzar con una solicitud por escrito, hecha por un asambleísta, que conste con el apoyo de al menos un tercio de la Asamblea: 46 firmas.
Cuando se presente la formulación por escrito hay tres días, máximo, para que el presidente de la Asamblea ponga la solicitud en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que a su vez verificará los requisitos y luego remita la solicitud a la Corte Constitucional, para que emita el dictamen previo de admisibilidad. La CC deberá resolver en siete días.
Reacción del Gobierno
Luego de conocerse la resolución de la Asamblea Nacional, las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar. El presidente Guillermo Lasso emitió un comunicado en el que destaca que el informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico.
Asimismo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, alertó que el país está entre la estabilidad democrática y la incertidumbre, que una vez más el pleno de la Asamblea Nacional falló al país al acoger un “bochornoso” informe de la comisión ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante.