Espacios importantes del centro de la ciudad han sido tomados por la informalidad, con vendedores sin control en las calzadas e, inclusive, en las vías públicas. En lugar de contenerlos en las zonas ya ocupadas, se les ha permitido expandirse a otros espacios, provocando más desorden urbano.
El problema de la informalidad no se limita al daño que provoca a los comerciantes formales, que están obligados a pagar tributos, sino que va más allá, hasta la ocupación arbitraria de veredas y calles y la creación de condiciones para que los delincuentes aprovechen el desorden urbano para expandirse, ocultarse y hacer de las suyas.
Las últimas medidas municipales eficaces para controlar la informalidad se adoptaron hace más de 23 años. Desde entonces las diferentes administraciones han coexistido con la informalidad, sin ofrecer soluciones a los informales, menos aun controlándolos con eficacia.
La nueva administración de la alcaldesa Diana Caiza tiene un gran desafío frente a la informalidad. Si continúa las equivocadas políticas municipales de las tres administraciones anteriores, seguirá la tendencia del desorden urbano, con pérdidas para los formales, los mismos informales y, sobre todo, la ciudad. Existen grandes expectativas acerca de lo que pueda hacer la alcaldesa Caiza para revertir esa perversa tendencia de crecimiento urbano.
