Extracto de la presentación
Las actuaciones de los órganos de control gubernamental, fundamentalmente el de la Contraloría General del Estado, durante los últimos veinte años, en la mayoría de los exámenes especiales o auditorías de los casos del poder político, económico y social, ha sido la lavadora de las responsabilidades penales, administrativas y civiles, en especial en los períodos de los gobiernos, del Economista Rafael Correa Delgado y Licenciado Lenin Moreno Garcés, para dejar en la impunidad hechos vergonzosos y evidentes, logrando que el Ecuador, esté infestado de corrupción, por la dolosa actuación de las mayoría de entidades y funcionarios públicos que manejaron fondos públicos, con la complicidad de los Contralores Generales Carlos Pólit y Pablo Celi, sin recibir, en la mayoría de casos, la sanción pertinente, por la metida de mano en la justicia administrativa, civil, penal y constitucional del poder político. En el gobierno del Licenciado Lenin Moreno Garcés se festinaron recursos en salud y obra pública, porque siguió intacta la estructura de poder anterior.
Ahora, con la actuación casi similar del señor Carlos Riofrío, aupado por el señor Guillermo Lasso y que está encargado de la CGE. La ciudadanía ecuatoriana, espera de este Órgano Técnico de Control, que le de confianza y credibilidad en su accionar; que no sea complaciente, negligente, comprometida y direccionada en la mayoría de los casos, cuando se trató y trata de personajes del poder político reinante, que secuestran al órgano de control gubernamental, para dejar en la impunidad verdaderos atracos al erario nacional, cometidos por las principales autoridades de su gobierno, como en el caso de los ex Contralores Generales del Estado: Carlos Pólit Faggioni y Pablo Celi De la Torre; el primero, prófugo de la justicia y enjuiciado en la Florida por lavado de activos, autor del mayor atraco, en el caso de Odebrecht, que, actuó, implacable y ejecutivo, cuando se trató de funcionarios de segundo y tercer orden de la administración pública nacional, que por 300, 500, 1000, 5000 y 10.000 USD, fueron a parar en la cárcel; fueron glosados por esos valores y coactivados hasta declarados insolventes, comprometiendo su patrimonio familiar, por perjudicar al Estado ecuatoriano.
