Por: Álvaro E. Sánchez Solís
El panorama del país, en este momento, es claro: los servicios públicos se encuentran en decadencia, no existen los recursos para emitir cédulas y pasaportes, no hay medicinas en los hospitales, no hay obra pública y el gobierno tiene una aceptación bajísima -más baja, incluso, que la del dictador de Nicaragua, Ortega –. En definitiva, estamos en un país que se encuentra a la deriva.
El Presidente de la República ha tenido varias oportunidades para enderezar su camino. El 28 de junio del 2022, la Asamblea Nacional ya votó por la destitución de Lasso y no la concretaron. Desde entonces, el Presidente sigue empeñado en su camino de la falta de atención a los ciudadanos y la estéril pelea política. De hecho, ahora tiene el agravante de estar inmiscuido en un caso de corrupción de conmoción nacional.
Frente a este escenario, con un Presidente de limitado entendimiento, sin apoyo, sin resultados y, además, con un complejo caso de corrupción encima de sus hombros, la solución que resta es activar los mecanismos democráticos y jurídicos para que deje el cargo.
En la Asamblea Nacional se ha propuesto el juicio político, que es una vía legítima para analizar la situación actual del Presidente y tomar una decisión al respecto. Se debe aclarar que la Asamblea está impulsando un proceso político y no penal, por lo que las reglas a aplicarse son diferentes en ambos casos. Sobre esto, recomiendo leer la Sentencia de la Corte Constitucional No. 2137-21-EP/21, más conocida como el “Caso Yunda”. Se debe aclarar, también, que, de irse el Presidente a su casa, el Vicepresidente Borrero asumiría el cargo, no el Presidente de la Asamblea, como algunos conspiranoicos afirman.
En definitiva, el juicio político, impulsado por la Asamblea Nacional, que es el órgano donde se encuentran representadas las diferentes provincias del Ecuador, con sus tendencias y corrientes ideológicas, es legítimo y, como tal, se encuentra contemplado en la Constitución como un mecanismo jurídico y democrático.
@alvarossolis
