En la Asamblea Nacional se reunieron 59 firmas para presentar la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, por supuesto delito de concusión y peculado en las empresas de PETROECUADOR, FLOPEC y EMCO. Esteban Torres Cobo, asambleísta por Tungurahua, desarrolló un análisis de este tema en el programa Café La Posta.
La solicitud de juicio fue presentada este 16 de marzo de 2023 a las 17:34, en medio de una caravana de legisladores de las dos bancadas que respaldan la interpelación al primer mandatario. Los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), serán los interpelantes.
Presentada la solicitud, el expediente pasó a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien convocó para este viernes 17 de marzo a las 19:45 a reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y en el quinto punto del orden del día consta el conocimiento de la solicitud de juicio.
Durante una entrevista en el medio digital La Posta, el legislador por Tungurahua, Esteban Torres Cobo, señaló que el documento entregado por la Asamblea fue desarrollado con miras a que la Corte Constitucional dé el visto bueno. “Evidentemente existe una responsabilidad política y eso es lo que hay que saber diferenciar en el ámbito jurídico”, destacó.
Asimismo, señaló que gracias a la investigación de La Posta denominada “El Gran Padrino”, tanto Luque como Carrera dejaron sus puestos porque salió a la luz la gran trama de corrupción dentro del Gobierno, caso contrario estas personas aun seguirían en sus puestos como si nada.
Reacciones en contra del Juicio Político
El coordinador de la bancada de Gobierno, Juan Fernando Flores, dijo que será la Corte Constitucional, compuesta por jueces probos, quienes determinarán si existe razones para llevar a un juicio político.
Destacó que la nueva causal del del juicio político en contra del primer mandatario no tiene elementos probatorios que determinen que esto fue una orden o ejecución del presidente de la República, pues establecen que existen elementos por los cuales consideran que en función de una omisión por comisión se cometió un delito, lo cual no está tipificado como causal de juicio a un mandatario.
De igual forma, el presidente Lasso a través de sus medios emitió un comunicado en el cual señala que su Gobierno rechaza categóricamente las intenciones desestabilizadores de la Asamblea Nacional.
