Por Luis Fernando Torres
Con varios procesos judiciales encima, el todopoderoso Donald Trump estuvo en condición de arrestado, el pasado miércoles, dentro del complejo judicial de la Florida donde se le procesaba por los documentos oficiales encontrados en su mansión. Semanas antes fue llevado a los tribunales de Manhattan para ser juzgado por acoso sexual. Y, al parecer, deberá enfrentar más procesos judiciales en su carrera a la presidencia. Sus enemigos han recurrido a la justicia para neutralizarlo, aprovechando los graves errores cometidos, como haber trasladado documentos públicos y clasificados a su residencia personal.
No es el único expresidente en semejante situación judicial. El dinámico Sarkozy está por ser sentenciado en Francia por asuntos relacionados con la financiación de su campaña presidencial. Si bien dejó de ser, hace algún tiempo, un rival político, la justicia gala no le ha dado tregua. Los verdugos de estos dos expresidentes han sido los implacables fiscales a los que han enfrentado, muchos de ellos altamente politizados.
En Latinoamérica, ha sido la regla y no la excepción el recurrente procesamiento judicial de quienes han ejercido la jefatura de Estado. Lula fue a la cárcel. Cristina Kirshner ha estado, como vicepresidente, en los pasillos judiciales defendiéndose. Tres expresidente peruanos se encuentran en la cárcel, Toledo, Fujimori y Castillo, y los demás, procesados. El orgulloso Alan García optó por suicidarse antes que ir a la prisión. En los países centroamericanos y caribeños la lista de expresidentes presos o prófugos es alta. Desde la década de los años 90 del siglo XX, en el Ecuador se regularizó el procesamiento y encarcelamiento de expresidentes. Lucio pasó por el Penal García Moreno. Alarcón tuvo un mal rato en el centro de detención de Cotocollao. Otros, como el expresidente Correa, si bien no han sido privados de su libertad, han sido obligados a exiliarse.
El drama judicial que vive Trump, en la democracia más sólida del mundo, con un sistema judicial aparentemente independiente, es una poderosa señal de lo que les puede esperar a los expresidentes del resto de países democráticos, si resultan procesados. El principio de la irresponsabilidad de los jefes de Estado se ha debilitado. Ni siquiera los monarcas están debidamente protegidos por tal escudo jurídico. Y en Latinoamérica el banquillo siempre estará listo para los expresidentes.
