Por: Álvaro Sánchez Solís
Muchos ecuatorianos están a la expectativa de las próximas elecciones presidenciales y legislativas. No obstante, pocos saben que el mismo 20 de agosto de 2023 también decidiremos respecto a un tema importante en nuestro país: desterrar por completo la actividad petrolera del Yasuní.
El Yasuní alberga el área petrolera de mayor proyección en Ecuador: el bloque petrolero 43-ITT (iniciales de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, los tres pozos exploratorios perforados por Petroecuador en 1992). En este territorio se encuentran asentadas las comunidades de los Waorani, Tagaeri y Taromenane. La polémica relativa a la cuestión extractivista gira en torno a que, si continúan las actividades petroleras, afectarían a las comunidades que viven ahí y, además, a la flora y fauna diversa que se encuentran en este lugar.
Desde otra perspectiva, si el «sí» gana, el Estado sufriría un perjuicio aproximado de 13.800 millones de dólares que dejaría de percibir en ingresos durante los próximos 20 años. Lo más preocupante de esta situación sería el perjuicio que el Estado tendría por las acciones legales a las que se enfrentaría debido a la terminación abrupta de contratos con empresas nacionales e internacionales. En el caso de la petrolera Oxy, por ejemplo, el Estado fue condenado a pagar una indemnización de 980 millones de dólares.
Durante varios años, hemos enviado al mundo un mensaje de que aquí, en Ecuador, la seguridad jurídica es un chiste. Los ejemplos son variados: se han terminado contratos sin respetar los compromisos, se ha maltratado a los inversionistas, se ha «metido mano en la justicia» para amañar endebles juicios en territorio nacional que luego se caen en instancias internacionales, entre otras acciones. En definitiva, si el «sí» gana, implicaría pecar, una vez más, de contratantes irresponsables.
No quiero que la presente columna sea tomada como una consigna de campaña a favor de algún bando, sino como una reflexión vinculada a experiencias pasadas que Ecuador ha vivido en este sentido.
