Por: Álvaro E. Sánchez Solís
En el corazón de un Estado democrático y justo se encuentra el derecho a la buena administración pública, que funciona como un pilar fundamental que garantiza la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente al poder gubernamental. Este derecho, aunque a menudo ignorado, juega un papel trascendental en la calidad de vida de las personas y en la consolidación de una sociedad libre y justa.
La buena administración pública se basa en principios clave como la eficacia, la eficiencia, la calidad y la transparencia. Cuando estos pilares se respetan y fortalecen, los ciudadanos pueden confiar en que las instituciones públicas operan con integridad y se toman decisiones justas y equitativas, respetando, así, también, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Nuestra legislación no dice mucho sobre el derecho a la buena administración pública. Este principio se encuentra consagrado, de manera muy genérica, en el artículo 31 del Código Orgánico Administrativo, y lo describe, así: “Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código”. La descripción aportada por el COA se puede confundir fácilmente con otras figuras: principio de legalidad, principio de juridicidad, seguridad jurídica, entre otras.
El derecho a la buena administración pública es amplio, pero, para tratarlo de forma sucinta, se puede decir que es transversal, esto es, que aglutina a varios derechos y principios más. De hecho, la buena administración pública es considerada por algunos juristas, entre ellos, Lourdes Arguello Miño, como tridimensional: principio, derecho y obligación. Por tanto, se puede considerar a la buena administración pública como el género de varios derechos específicos. Entre ellos: el debido proceso, el acceso a la justicia, la tutela administrativa efectiva.
En última instancia, la buena administración pública es un componente esencial para fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Su respeto y promoción deben ser una prioridad para todos los ciudadanos y para aquellos que ostentan el poder político. Al ejercer este derecho y mantener una vigilancia activa sobre la administración pública, podemos aspirar a una sociedad más libre, transparente y comprometida con el bienestar común.
