Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Para el día en que se publique esta columna, es probable que el CPCCS ya haya confirmado al nuevo Contralor General del Estado, o eso espero. El camino hacia la designación de este funcionario ha estado plagado de obstáculos y de hechos que parecerían sacados de una novela. Desde la renuncia de Carlos Pólit Faggioni, en el contexto de las investigaciones por el caso Odebrecht, Ecuador ha tenido varios contralores: Pablo Celi, Valentina Zárate y Carlos Riofrío. Sin embargo, estos contralores no han sido definitivos, ya que eran los subrogantes del subrogante.
El cargo de Contralor General del Estado es muy apetecido por varias fuerzas políticas y, tradicionalmente, se disputa. Esto, porque a través de este cargo se dispensa a los cercanos y se castiga a los enemigos. No obstante, lo que hemos presenciado en los últimos años y meses ha sido un espectáculo vergonzoso: consejeros del CPCCS intentando favorecer a sus favoritos, irregularidades en los procesos, constante intervención de la Corte Constitucional para corregir errores involuntarios –y no tan involuntarios– e incluso una escena donde le arrojaron huevazos a uno de los postulantes.
Lo que ha vivido el país ha sido un auténtico vía crucis en la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, similar a lo que ocurrió con Genaro Peña, quien permaneció varios años como Contralor General del Estado tras polémicas sesiones en el Congreso Nacional que impidieron su relevo.
Con la Constitución de 2008, régimen de aquel momento juró que la designación de autoridades no sería tramitada por acuerdos políticos en el Congreso, sino a través de la «participación ciudadana», fortalecida con evaluaciones de méritos y oposición, organizadas por el CPCCS. Nada más alejado de la realidad, ya que ahora las pugnas se dan por el control del CPCCS –cuyo actual presidente fue el abogado de Rafael Correa– y, con ello, poder liderar la designación de varias autoridades. No creo que el mecanismo de designación de autoridades de control a través del Parlamento sea perfecto, pero es preferible al que tenemos con el CPCCS, que ha realizado un pésimo trabajo tratando de designar al Contralor General del Estado.
Es probable que el problema de la designación ya esté solucionado o en vías de solución, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de criticar el limbo en el que nos ha mantenido el CPCCS en este asunto. Algo similar sucedió con el titular del Consejo de la Judicatura y creo que a estas alturas, estas actuaciones deberían ser inaceptables.
