Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Han pasado más de dos meses desde que Ecuador fue testigo de una tragedia política sin precedentes: el asesinato del periodista y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia. Independientemente de mi opinión sobre este personaje, es claro que su magnicidio fue orquestado por personas de las altas esferas del narcotráfico o la política.
La naturaleza misma de los hechos que ocurrieron el 9 de agosto de 2023 ha provocado que esta muerte se politice de la forma más descarada, llegando incluso a ser contraproducente para la investigación, ya que ha sido instrumentalizada por una variedad de partidos y personajes políticos que han señalado a responsables sin contar siquiera con un elemento de convicción que respalde tales conclusiones superficiales.
Este fenómeno se acentuó aún más con el testimonio anticipado ofrecido por uno de los testigos de los hechos, ante la Fiscalía, el 8 de octubre de 2023, donde, según lo expresado por varias personas, se señalaría al «gobierno de Correa» como autor intelectual del magnicidio. Otros eventos que generaron diversas reacciones sobre este tema fueron los asesinatos de los sicarios del excandidato presidencial y la intransigente negativa de Christian Zurita cuando se cuestionó la no entrega del celular de Villavicencio. Estos hechos hacen que la investigación tenga un contenido más político que jurídico y, por ende, no se llegue a la verdad procesal y material de un crimen tan grave.
El fenómeno de la politización de los casos judiciales no es nuevo y, en una sociedad democrática donde convergen diversas tendencias políticas, podría decirse que es hasta predecible. No obstante, normalizar la indiscriminada intervención política en los casos podría llevar a condenar a inocentes por simple venganza política. Los casos que tengan una profunda relación con lo político deberían ser analizados por Comisiones de la Verdad, donde se admite una mayor cantidad de subjetividades. Incluso esta figura fue calificada por el exmandatario uruguayo, José Mujica, como las comisiones de la «puta venganza». Yo veo a las Comisiones de la Verdad como el tamiz de las subjetividades que permiten llevar ante la justicia los asuntos que realmente valen la pena analizar para llegar a la verdad procesal y material.
En definitiva, la politización de los casos judiciales es negativa desde todo punto de vista. Sin embargo, al ser algo natural e inherente al ser humano político, se podría reducir imponiendo filtros que separen lo político de lo jurídico, como las Comisiones de la Verdad, y así llegar a lo que realmente sucedió y condenar a los responsables. El caso de Fernando Villavicencio nos enseña mucho sobre esto, ya que despertó las más bajas y rastreras pasiones de algunos políticos ecuatorianos.
