Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Entre los abogados que ejercen su profesión dentro del área del Derecho Administrativo, se ha comentado mucho, y durante varios años, sobre lo “inútil” que resulta llevar un procedimiento administrativo dentro de una institución pública. Esto, básicamente, por la concepción de que la misma institución que ha negado un derecho o ha cometido una ilegalidad va a mantener ese criterio ilegítimo e ilegal a lo largo del procedimiento. No obstante, quiero destacar la importancia de la sede administrativa para solucionar los problemas que un ciudadano posea.
El Derecho Administrativo se construye sobre la base de las relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública. Esto nos lleva a determinar que todos los problemas que un ciudadano tenga con una institución pública deben manejarse bajo esta rama del Derecho. Dentro del Derecho Administrativo, las sedes en las que se puede solucionar un conflicto -dejando a un lado los métodos alternativos- son la administrativa, es decir, dentro de la misma institución, y la judicial. Generalmente, los abogados acostumbran a solucionar estos problemas en sede judicial, sin pasar, ni siquiera, por la sede administrativa, dilatando el tiempo de resolución del problema y generando costos altísimos para los clientes. Poco se entiende que, en varias ocasiones, en la misma sede administrativa puede estar la solución del problema: acordando reuniones con los funcionarios públicos para llegar a una solución, apelando y refutando lo que dicen los funcionarios para lograr nulidades o dando a conocer las ilegalidades que se cometen para generar algún tipo de presión.
Por supuesto, no todas las instituciones cuentan con funcionarios dispuestos a solucionar los problemas de los ciudadanos, ya que varios de ellos se comportan de forma intransigente frente a los justificados reclamos que hace el administrado. Para evitar esto, debemos promover una cultura de buena administración pública, que nos permita tener a personas dispuestas a salvaguardar los derechos de las personas en diferentes instancias estatales. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que los abogados desconocen el potencial que tiene la sede administrativa para arribar a una solución eficaz y eficiente para su cliente.
En definitiva, el abogado debe entender que su función no es extender el problema hasta la vía judicial para recoger los jugosos honorarios que genere a costa de la paciencia de su cliente, sino, resolver el problema lo más rápido que le sea posible y con los mayores beneficios para su cliente. Hay que cambiar de pensamiento tanto en el Sector Público como en los abogados.
