La fiscalía general del Estado y la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en ocho provincias la madrugada de este miércoles 3 de abril del 2024. Jueces, policías en servicio activo, abogados en libre ejercicio están entre los 14 detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, los presuntos involucrados habrían otorgado acciones constitucionales a favor de «personas con alto nivel de peligrosidad» para otorgarles la libertad. Los operativos se realizaron en Pichincha. Manabí, Azuay, Santo Domingo, Chimborazo, Guayas, El Oro y Tungurahua.
En Tungurahua, fue detenido José Alfredo M. B, quien habría sido funcionario del SNAI, trabajaba como abogado de la cárcel de Cotopaxi y según medios locales laboró como Teniente Político de la parroquia Izamba de Ambato.
Según información de un medio local, ante este particular el Gobernador de Tungurahua, Santiago Vargas, señaló que el detenido efectivamente fue designado como Teniente Político, pero que ostento el cargo por un día.
Asimismo, el Gobernador mencionó que “nosotros viendo la hoja de vida y revisando el tema en la página judicial” se decidió prescindir de su colaboración y “estuvo al frente un día y al siguiente día ya fue cancelado porque tenía algún tema judicial y en Fiscalía”.
La Fiscalía explicó que esta estructura de delincuencia organizada operaba en diferentes niveles y estaría conformada por policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados, secretarios y jueces. Estos últimos habrían recibido dinero o favores a cambio de dar la libertad a los presos de forma ilegal.
Como delitos afines a la delincuencia organizada, dice Fiscalía, se pueden desprender otros como: cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión.
