Una red de robo de combustible conformada por tres individuos y que operaba en el sector de Cunchibamba, norte de Ambato, fue desarticulada. En el operativo, la Policía Judicial incautó 4.000 galones de gasolina extra, generando un perjuicio que bordea los 30.000 dólares.
Según el capitán subrogante de la Policía Judicial de Tungurahua, Edison Medranda, la ardua labor de inteligencia condujo a la identificación de una operación clandestina en el sector de San José en Cunchibamba. La red criminal estaba involucrada en la sustracción ilegal de hidrocarburos directamente de las tuberías de Petroecuador
El modus operandi de los delincuentes era sofisticado: se descubrió que estaban realizando perforaciones clandestinas en el poliducto que transporta combustible desde Quito hasta Riobamba. Además, se encontraron evidencias de un elaborado esquema de almacenamiento, con 16 cisternas tipo Toten, cada una con una capacidad de 200 galones, lo que sumaba un total de 4.000 galones de combustible extra y Diesel.
En la operación se detuvo a tres individuos ecuatorianos, con edades comprendidas entre los 27 y 55 años, uno de los detenidos tenía antecedentes por delitos graves, incluida una condena por violación en el año 2021.
El decomiso realizado por las autoridades es impresionante: se incautaron 17 cisternas de 200 galones cada una, un camión y tres teléfonos celulares. Se estima que el valor de los bienes incautados supera los 30.000 dólares.
Una revelación aún más preocupante es que los delincuentes alquilaban un inmueble cercano al lugar de la actividad ilícita, aparentemente para evitar ser detectados. A pocos metros de esta ubicación, el poliducto de Petroecuador pasaba inadvertido, lo que facilitaba el acceso y la salida de los camiones cargados de combustible robado. Se presume que esta operación ilegal estuvo en funcionamiento durante al menos tres meses.
Personal de Petroecuador está coordinando con las autoridades correspondientes para presentar las denuncias pertinentes. Se espera que los responsables enfrenten penas que podrían llegar de 5 a 7 años de prisión, dependiendo de las decisiones que tome la fiscalía.
Fuente: El Heraldo
