Por: Luis Fernando Torres
La inseguridad jurídica es la característica más saliente del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Bastan una decisión imprecisa de la justicia constitucional y una proclama de algún agencioso asambleísta para que una sentencia ejecutoriada de la justicia ordinaria en materia civil se quede en el limbo. Y, como consecuencia de ello, en el sonado caso de los 21,7 millones de dólares pagados, en bonos del Ministerio de Finanzas, a los hermanos Bucaram Aivas, que a éstos, por haber sido los beneficiarios de la sentencia, se les quiera arrastrar a un proceso por peculado, como si el ejercicio del derecho a reclamar por una expropiación fuera de carácter criminal. Más grave aún, que las personas que adquirieron, de buena fe, en el mercado de valores, los bonos recibidos por esos hermanos, no puedan disponer de ellos al encontrarse bloqueados por el Banco Central, con motivo de una reciente sentencia de la CC.
Más allá de los detalles jurídicos tanto de la sentencia de la justicia ordinaria como de la sentencia de la justicia constitucional, lo cierto es que el Estado, que no había expropiado legalmente los inmuebles de tales hermanos que ocupó hace varias décadas, fue condenado, en sentencia ejecutoriada, a pagar el valor respectivo. Y pagó con bonos, los cuales, a su vez, fueron transados en el mercado de valores. Terceras personas de buena los adquirieron y los beneficiarios de la sentencia recibieron el valor con el respectivo descuento.
Resulta que, este momento, esos bonos, en virtud del bloqueo del Banco Central, están inmovilizados. Están a disposición de sus tenedores, pero no pueden negociarlos ni recibir los intereses, Cuando los compraron, en el mercado de valores, su legalidad no estaba en duda, pues, habían sido emitidos por el Ministerio de Finanzas en virtud de una sentencia ejecutoriada.
El solo anuncio informativo del bloqueo ha provocado incertidumbre. Los bonos se consideran títulos muy seguros, por contar con la garantía del Estado. Y bajo la idea que “el Estado no quiebra”, los bonos del Estado en Ecuador o en Estados Unidos constituyen inversiones de gran seguridad.
Ha trascendido que los bonos habrían sido adquiridos por entidades públicas, de las que suelen adquirir ese tipo de títulos, y algunos particulares. ¿Se les va a compensar o, simplemente, se les va a despojar de los bonos?
