Por: Luis Fernando Torres
Los presidentes ecuatorianos están entre los mandatarios más expuestos a procesos penales mientras están en el cargo y después de haberlo ejercido, por actos realizados en la órbita de sus funciones. El único escudo que los protege frente a un procesamiento penal, es la autorización previa por la Asamblea, siempre que las dos terceras partes autorice el enjuiciamiento solicitado por el juez del fuero. Y ello cuando están en funciones. Si los procesos penales se inician con posterioridad, los asambleístas suelen lavarse las manos con el argumento que nada deben autorizar en el caso de antiguos mandatarios, dejando el camino abierto para que sean procesados.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Trump v US, señaló hace unos días que los presidentes de ese país gozan de inmunidad absoluta únicamente por los actos realizados en el ejercicio de sus competencias esenciales en seguridad nacional, espionaje, relaciones internacionales. En otras palabras, no se les puede procesar penalmente durante el ejercicio de sus funciones presidenciales ni después. Sin embargo, en otros casos derivados del ejercicio de competencias presidenciales la inmunidad no es absoluta sino que simplemente se la presume. Por su parte, en las actuaciones privadas de los presidentes la inmunidad está ausente.
Es muy común que los presidentes latinoamericanos sean procesados penalmente, algunos, inclusive, cuando se encuentran en ejercicio de sus cargos, al no gozar de una inmunidad parecida a la que acceden los presidentes estadounidenses. En la larga lista de procesados figuran personajes de la talla política de Lula. En Perú es donde más rápido y fácil se enjuicia penalmente a presidentes. Ecuador no se queda atrás.
Una de las principales razones por la que la Corte Suprema de USA reconoció a sus presidentes la inmunidad absoluta, es la de evitar que ellos tengan temor de adoptar decisiones comprometidas, ante la probabilidad de ser enjuiciados penalmente. Si un Presidente teme, dicen los jueces, el país se priva de decisiones necesarias para la seguridad nacional.
