Por: Luis Fernando Torres
Son una oportunidad los 30 mil millones de dólares que ha anunciado el Gobierno en futuras inversiones hidrocarburíferas privadas internacionales para incrementar la producción de petróleo y gas y mover, así, la palanca del crecimiento económico. Con una inversión de esa magnitud el Ecuador lograría crecer sostenidamente por algunos años.
La inseguridad jurídica y la posición extremista y tibia de gobiernos anteriores frente a la inversión extranjera privada han sido las principales causas de la reducción constante de la inversión foránea. A ello se suma la inexplicable posición de la Corte Constitucional ante el arbitraje internacional.
El Ecuador es un territorio apto para la inversión hidrocarburífera a gran escala. Con buenos gobiernos, como el actual, se atrae inversión, como ocurrió entre 1984 y 1984, cuando se logró traer a las empresas estadounidenses, inglesas y francesas más respetadas y serias. El problema es el entorno jurídico, judicial y político, cuya descomposición es una barrera para las inversiones.
El Gobierno ha presentado un plan creíble y factible de cierre de las operaciones del ITT para dentro de cinco años, de tal modo que el Ecuador siga explotando el crudo y, de esta manera, continúe recibiendo ingresos, y no incurra en gastos y pérdidas absurdas con una clausura inmediata.
A nivel internacional esta posición del Gobierno es considerada una muestra de sensatez pública, con la cual se irradia seriedad y confianza en la gestión.
Para crecer y prosperar se debe invertir. Sólo con más inversión los ecuatorianos tendremos la oportunidad de mejores condiciones de trabajo y de vida.
