Por: Luis Fernando Torres
Cuando los problemas entre políticos dejan de resolverse entre ellos, en las instancias políticas, esto es, en los parlamentos, los concejos municipales y otros espacios institucionales, y pasan a los jueces y fiscales, la política resulta judicializada. El Ecuador no es el único país donde la judicialización ha llegado a niveles intolerables y risibles. Existen otros países ejemplos de tales aberraciones democráticas en Estados Unidos, Colombia, Francia, Brasil y una larga lista de naciones.
En plena campaña electoral, al candidato Trump, un fiscal demócrata está tratando de arrastrarlo a un proceso penal por el mismo hecho, la toma del Capitolio durante la certificación de Biden, por el que ya fue juzgado y que mereció una sentencia de la Corte Suprema federal sobre la inmunidad presidencial. Sabe el fiscal que no logrará tenerlo a Trump en el sillón de los acusados, antes de las elecciones de noviembre. En todo caso, su objetivo es dañar su imagen durante las elecciones.
En Colombia, a Petro lo tiene la justicia dentro de investigaciones en las que su hijo es uno de los procesados por financiamiento irregular de la campaña. El exPresidente Uribe es otra de las víctimas de la persecución judicial alentada por sus adversarios políticos.
En Francia, el exPresidente Sarkozy no abandona los tribunales con tantos procesos en su contra por financiamientos de sus campañas electorales. Por su parte, el legendario Lula estuvo privado de su libertad en un proceso que, al final, fue declarado nulo por la manipulación política del procesamiento.
En nuestro país, nada más y nada menos que la Vicepresidente Abad está llevándole al Presidente ante la justicia electoral, con una denuncia sin fundamento, para que los jueces electorales le destituyan y le sancionen con la suspensión de los derechos políticos y una multa. Jurídicamente, esa denuncia es completamente improcedente. Sin embargo, la Vicepresidente ha optado por judicializar su relación institucional con el Presidente.
Si a la judicialización de la política se suma la politización de la justicia, las garantías de los políticos procesados pierden eficacia y sus derechos son fácilmente vulnerados por jueces alineados con actores políticos.
