Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Hace varias semanas, publiqué en este periódico una columna titulada «Volubilidad Antidemocrática», en la que me referí a la nefasta actuación de algunos asambleístas que, consumidos por el odio y el revanchismo, retiraron sus firmas de apoyo a tres juicios políticos en contra de tres cuestionados exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso. Esta actuación ya ha sido puesta a órdenes de la justicia constitucional y, dentro del Juicio No. 17283-2024-01215, se emitió el 29 de agosto de 2024 una sentencia que condenó esta actuación de los asambleístas por haber vulnerado gravemente preceptos constitucionales.
Frente a esto, la reacción de la Asamblea Nacional ha sido aún más vergonzosa: el secretario de la Asamblea, persona que no está facultada para dar comunicados sobre posiciones institucionales, salió a decir básicamente que van a incurrir en un desacato de la sentencia mencionada. ¿Cómo podemos pregonar un respeto a la ley y a la Constitución si nuestras autoridades son las primeras en pasarlas por alto? Todos los días, la gente se queja de que a nadie le importa ya la ley y que cada quien hace lo que le da la gana, y al mismo tiempo siguen votando por estos personajes políticos que hacen una apología del incumplimiento de sentencias.
En tiempos antiguos, dentro del debate político intervenían personas íntegras que respetaban el Estado de Derecho y trabajaban en función de los más caros intereses patrióticos. La política ha tocado un punto muy bajo y creo que nunca se ha llegado a un nivel en el que los mismos políticos den un ejemplo tan expreso y conjunto del incumplimiento de las normas que nos rigen como sociedad.
Como ciudadano y persona que ha estudiado Derecho y respeta la legalidad, espero que el juez ejecutor de la sentencia ejerza sus facultades coercitivas para cumplir lo decidido, caso contrario estaría coadyuvando al incumplimiento.
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