Por: Álvaro E. Sánchez Solís
En 2011, el presidente de la República de la época emitió un reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en el que incluyó una disposición referente a la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Esta figura consistía, básicamente, en que un funcionario público, ya sea de carrera o no, podía ser cesado en cualquier momento si la autoridad nominadora “compraba” su renuncia, un “negocio” que debía ser aceptado de manera obligatoria por el funcionario.
Después de varios años de vigencia de esta figura, el 28 de octubre de 2020, la Corte Constitucional, mediante la sentencia No. 26-18-IN/20, declaró la inconstitucionalidad —con efectos hacia el futuro— de la palabra “obligatoria” en la compra de renuncias, por lo que ahora la figura sigue vigente, pero debe haber voluntad de ambas partes. De manera similar, la Corte Nacional de Justicia se pronunció respecto a la nulidad de las acciones de personal que concedían la compra de renuncias obligatorias.
A raíz de la sentencia de la Corte Constitucional, las instituciones públicas han recibido numerosas acciones de protección de exfuncionarios que fueron cesados mediante esta figura. Yo, que actualmente ejerzo el patrocinio institucional en una entidad pública, he recibido al menos 10 de estas demandas en un período de 4 meses. No obstante, me deprime saber que hay abogados que se prestan para engañar a sus clientes, diciéndoles que tienen posibilidades de ganar estos casos cuando, en realidad, las probabilidades son casi nulas (digo “casi” porque no excluyo los casos de jueces pagados o ignorantes).
Dado que la sentencia de la Corte Constitucional tiene efectos hacia el futuro, no cubre situaciones ocurridas en el pasado. Los mismos jueces de la Corte explican que esto se hace para no alterar la “estabilidad de la administración pública”. Además, si la compra de renuncias cumplió con todos los requisitos —esto es, la disponibilidad de los fondos para las indemnizaciones, el plan de optimización del talento humano y la debida notificación—, las posibilidades de ganar un caso de este tipo son aún menores.
Escribo esta columna desde la indignación de saber que hay abogados que, por dinero, siguen engañando a personas que confían en ellos. Asegúrense siempre de contar con una buena defensa judicial que les diga la verdad sobre las posibilidades de éxito en un caso.
