Por: Luis Fernando Torres
Han partido de este mundo dos notables juristas ecuatorianos, los doctores Ernesto Albán Gómez y Raúl Ilaquiche, cumbres jurídicas del derecho penal y del derecho constitucional indígena. Desde la ciencia jurídica entregaron valiosas contribuciones bibliográficas, mientras desde el derecho práctico alumbraron soluciones originales a complicados problemas legales.
En la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando ingresé a la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, por aquel entonces una de las de mayor prestigio en el país, Ernesto Albán era el decano y el principal profesor de derecho penal. Durante cuatro semestres consecutivos fui su alumno. Las clases comenzaban, los cinco días de la semana, a las 7:00 horas en punto y terminaban a las 7:50 horas, con el penalista deleitando a los estudiantes con anécdotas y profundas reflexiones sobre temas tan interesantes como la legítima defensa y el hurto famélico, entre otros. Combinaba la cátedra y la decanatura con las funciones de Ministro de Educación. Fue un privilegio haber tenido como docente a un personaje de ese nivel, que, además, era un literato consagrado, con obras publicadas de teatro y cuento. A finales de la década de los años noventa del siglo XX integró la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia, junto con otro jurista, también mi maestro, Santiago Andrade Ubidia. Hasta ahora sus fallos orientan la práctica del derecho en materia de responsabilidad civil extracontractual. Cuando presidió la Universidad Andina Simón Bolívar tuve la oportunidad de tratarlo nuevamente, como colega. En un viaje a Oxford me deslumbró con su erudición de la historia antigua, medieval y moderna, al igual que lo hizo Santiago Andrade, otro de los viajeros. Era un conversador vital e ingenioso. Descubrí que en la ópera y en el ajedrez se recreaba diariamente como especialista de ese género musical creado por Monteverdi y como ajedrecista.
Cursos de maestría en algunas universidades compartimos con Raúl Ilaquiche, en calidad de docentes. Largos y productivos encuentros mantuvimos para discutir la dinámica del Estado plurinacional. El derecho constitucional indígena era su especialidad. Estaba entre aquellos que, en la Constitución de 1998, incorporaron los derechos colectivos al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Conocía, con precisión, los alcances de la jurisprudencia constitucional en materia de derecho indígena. En la práctica profesional, desde su oficina de Latacunga, contribuía a la solución de casos, sin necesidad de provocar innecesarios conflictos alrededor del derecho indígena.
No fueron simplemente abogados sino juristas en toda la extensión de la palabra. Su legado está en sus libros y ensayos y en las conversaciones sin registro con quienes tuvimos la fortuna de escucharlos.
