Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Ayer se cumplieron 25 años del levantamiento indígena, cívico y militar que provocó la salida del poder del entonces Presidente de la República, Jamil Mahuad Witt. Las protestas que precipitaron la caída del gobierno de Mahuad tuvieron su origen en medidas impopulares, aunque necesarias, como el congelamiento de fondos, el saneamiento de la banca ecuatoriana y la dolarización.
Hoy en día, los anales de la historia registran que Mahuad “abandonó” el poder, sin considerar que fue depuesto por la fuerza por una turba que se tomó el Congreso, encabezada por Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Lucio Gutiérrez Borbúa, coronel del Ejército ecuatoriano; y Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Así se formó un triunvirato, denominado “Junta de Salvación Nacional”, que, al no recibir el reconocimiento formal de Estados Unidos ni de otros países, tuvo que ceder su “poder” al entonces vicepresidente, Gustavo Noboa Bejarano.
Hablar del gobierno de Mahuad evoca sentimientos encontrados, pero nadie duda de que fue el gobernante que implementó tres medidas trascendentales: la dolarización, la paz con Perú y el bono solidario. A Mahuad se le entregó el poder con una “bomba” incluida, derivada de la extrema liberalización de la banca y del fenómeno de El Niño, lo que exigió actuaciones urgentes y complejas que derivaron en descontento popular, migración y suicidios.
Personalmente, considero que Mahuad tomó decisiones extremas para paliar situaciones aún más críticas y que no tiene responsabilidad penal sobre sus actuaciones. Lamentablemente, este criterio no fue compartido por la Corte Nacional de Justicia, que, tras reabrir el proceso penal en su contra, lo condenó por el delito de peculado, al haber firmado el decreto de congelamiento de fondos en los bancos. La única esperanza judicial de Mahuad reside en la Acción Extraordinaria de Protección que interpuso ante la Corte Constitucional, signada con el caso 1051-21-EP.
En consecuencia, está en manos del máximo organismo de interpretación constitucional revertir o mantener la decisión de la justicia penal en contra de Mahuad. La Corte Constitucional cuenta con eminentes juristas que sabrán tomar una decisión apegada al derecho.
