El Ecuador ha sido testigo de la pandemia de corrupción durante la emergencia sanitaria. Aparte de los contagios y fallecidos por el Covid-19, que hasta la primera semana de junio suma 41.000 contagiados y casi 3.900 fallecidos según cifras oficiales, el país asiste a escándalos de corrupción de forma constante. La Fiscalía tiene 45 procesos abiertos e investiga seis tipos de delito, vinculados en su mayoría a compras de insumos médicos por la emergencia. La mayoría de delitos se habrían cometido en hospitales.
Según información recogida por Diario El Telégrafo, de los 45 procesos abiertos por la Fiscalía General del Estado, 40 están en fase de investigación previa, por lo que se han realizado varias detenciones, allanamientos y se están formulando cargos a los presuntos responsables de los hechos. Respecto a los cinco casos restantes, que ya han pasado a la fase de instrucción fiscal (llegaron ante un juez), se ha otorgado 90 días de plazo a la Fiscalía para que reúna elementos o evidencias que sustenten la acusación a los sospechosos.
Esto ha hecho que la Fiscal General, Diana Salazar, haya creado la fuerza de tarea multidisciplinaria, compuesta por tres fiscales de la Unidad de Transparencia; cinco de la Unidad de Lavado de Activos; cuatro fiscales provinciales; y 24 de apoyo -uno por provincia-, además de un equipo de policías especializados. Según el mismo diario, la Fiscalía procura que avancen las investigaciones para evitar que caigan en la impunidad.
Seis tipos de delito
De entre los 45 casos de corrupción denunciados, predominan seis delitos diferentes.
-Peculado: en 35 de los casos se presume este delito, que de acuerdo al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede tener una sentencia de hasta 13 años de cárcel.
-Tráfico de influencias: se investiga este delito en cuatro casos. Según el artículo 285 del COIP, la condena llegaría a cinco años de prisión.
-Concusión: en tres casos se presume este delito, penado con cinco años de cárcel, según el artículo 281 del COIP.
-Cohecho: por este delito se investiga a un caso. Es sancionado con tres años de privación de libertad, según el artículo 280 del mismo cuerpo legal.
-Alteración de evidencias y elementos de prueba: Un caso es investigado por este delito, tipificado en el artículo 292 del COIP con tres años de prisión.
-Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente: según el artículo 282 del COIP, la pena para este delito es de tres años de cárcel. Un caso es investigado por esta causa.
Un caso con fuero nacional
De acuerdo a información de Diario El Telégrafo, de los 45 casos de corrupción registrados y que están a cargo de la recientemente creada fuerza de tarea, 40, osea el 89%, tienen fuero ordinario -es decir que las autoridades de su jurisdicción se hacen cargo-; cuatro tienen fuero provincial, lo que implica que son juzgados en las provincias donde fueron denunciados. Representan el 9%. Finalmente, un solo caso, el 2% restante, corresponde a fuero nacional (Corte Nacional de Justicia). Es el caso de Alexandra Ocles, exsecretaria de Gestión de Riesgos, quien fue denunciada por presunto tráfico de influencias.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que desde antes de la emergencia sanitaria, recomendó que, para evitar actos de corrupción en el Sistema de Compras Públicas, el Estado negocie directamente con los productores de material médico, medicinas y otros insumos. “Son más de 50 empresas fantasmas que casi siempre ganan los concursos. Esto lo vienen haciendo desde hace muchos años”, manifestó en declaraciones recogidas por el mismo medio.
Otras investigaciones y consecuencias
Por otro lado, según información recabada por Diario El País de España, la Contraloría General del Estado está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos. Asimismo, el medio internacional señala que a nivel macro, la Fiscalía General de Ecuador inició 141 investigaciones relacionadas con la pandemia.
Esta oleada de corrupción ha obligado a que tengan que renunciar las máximas autoridades de instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (Paúl Granda); de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Alexandra Ocles); Lenin Mantilla, de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, entre otros. Asimismo, otros funcionarios se encuentran en investigaciones (y están en prisión o con medidas sustitutivas), tales como el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales; el exgerente de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado (EPMAPS) de Quito, Guido Andrade; el asambleísta Daniel Mendoza por un caso de corrupción en el hospital de Pedernales, entre los principales.
Esta pandemia de corrupción ha llegado a todos los estamentos del Estado: nacional, provincial y local. Son varios los casos de corrupción que han trascendido y causado indignación de la opinión pública debido a la importancia de las instituciones en donde han ocurrido, así como por la laxitud de las decisiones de la Función Judicial, que luego de allanamientos y detenciones a varios funcionarios públicos por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, les han otorgado medidas sustitutivas como el arresto domiciliario, grillete electrónico o prohibición de salir del país.
Debido a esto, el 4 de junio, la Fiscal Diana Salazar mencionó en su cuenta de Twitter que “el sistema de justicia es un engranaje: si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde la Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación; ojalá todos los demás lo hagan”.
Los casos más sonados
- Mascarillas con sobreprecio
El primer caso que saltó fue el de la compra de mascarillas con sobreprecio en el IESS. Este caso inauguró la cascada de casos de corrupción, ya que ocurrió apenas dos semanas después del inicio de la emergencia sanitaria (a fines de marzo). Las críticas se habían centrado en el alto precio de las mascarillas N95, ya que en el mercado normalmente se encuentran en USD 3,90, mientras que para el contrato del IESS costaban USD 12 por unidad. Estas denuncias ocasionaron la salida de Ángel Loja, exdirector general de la institución y posteriormente de Paúl Granda.
Según información de Diario El Universo, el contrato era de USD 10´017.754,60 y fue adjudicado a Almantop S. A., empresa creada en el 2000, con el objeto social de “Venta de comidas y bebidas en cafeterías para consumo inmediato”. Así consta en la Superintendencia de Compañías; pero reanudó sus actividades recién en octubre del 2019. La empresa tiene un valor de USD 800 y había sido recientemente adquirida por Narcisa Jesús Bustillo Domínguez y Katherine Andrea Nieto Rosero, presidenta y gerenta general. Ellas habían comprado dicha empresa al exministro de Agricultura Salomón Larrea. La empresa, según datos del SRI, ha causado en los últimos cinco años USD 0 de impuesto a la renta y de salida de divisas.
- Sobreprecio en hospitales de Guayaquil
Según información recabada por Diario El Comercio, la Contraloría emitió el 20 de mayo dos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil. El pasado 4 de mayo, la Fiscalía abrió investigaciones por supuestos sobreprecios en contra de estas dos casas de salud que son manejadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por el Ministerio de Salud. El organismo de control determinó que las bolsas para cadáveres se adquirieron con una diferencia de USD 137 cada una. En el hospital del Guasmo Sur el sobreprecio es de 1 283% y en Los Ceibos es de 1 311%, apuntó la auditoría.
Según la misma fuente, en el hospital del Guasmo Sur, el contrato era por 300 bolsas a un precio de USD 145 cada una. Es decir, un contrato de USD 43 578. En Los Ceibos se adquirieron 4 000 fundas en USD 148,5 cada una. El costo total fue de USD 594 000. Sin embargo, según esa auditoría, ambas adquisiciones no debían costar más de USD 46 910.
El documento de Contraloría asegura que hubo “irregularidades en la fase precontractual, que beneficiaron a los contratistas”. Por ejemplo, no se buscó a otros proveedores del Estado que ofrezcan mejores costos. Tampoco se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor. Por otro lado, en el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor cuyo RUC no establecía que ofertaba insumos médicos y tampoco ha realizado pagos del Impuesto a la Renta.
- Sobreprecio en kits de alimentos
El 7 de mayo pasado, el portal Primicias alertó sobre el presunto sobreprecio en la compra de kits de alimentos por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGRE), en ese momento liderada por Alexandra Ocles. En un examen realizado por la Contraloría General del Estado y que fue enviado a la Fiscalía, se determinaron indicios de responsabilidad penal, sobre el contrato hecho por la compra de 7.000 kits de alimentos.
Según el informe emitido el 11 de mayo, la SNGRE adjudicó un contrato por USD 1,1 millones, cuando en realidad debía pagar USD 706 790. La Secretaría había comprado cada kit en USD 150, cuando en el mercado se encuentra lo mismo por USD 86. Ocles tuvo que dejar su cargo mientras avanza la investigación.
- Varias denuncias en el Municipio de Quito
Pruebas PCR
Según el portal Primicias, el 27 de mayo, la Fiscalía y Policía allanaron cuatro inmuebles en Quito por un supuesto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas de detección de Covid-19. las primeras 5.000 pruebas llegaron el pasado 20 de abril. Un mes más tarde, el 24 de mayo de 2020, el secretario de Salud del Municipio, Lenín Mantilla, señaló que apenas se habían tomado muestras a 624 personas. Tampoco se habían tomado las pruebas a los agentes metropolitanos de tránsito.
El 26 de mayo, el canal Teleamazonas denunció un presunto sobreprecio en la adquisición de las pruebas. Según ese reportaje el contrato para la compra de las 100.000 pruebas PCR fue de USD 3,7 millones firmado por Mantilla con la empresa Salumed. S.A. La concejala Luz Elena Coloma manifestó que la oferta ganadora fue la más costosa porque las dos que fueron descartadas proponían 200.000 pruebas para la detección de Covid-19.
El alcalde respondió que “La prueba PCR amerita calibrar equipos, capacitar personal, conexiones complejas, extracción de ARN, manejo de reactivos, tomar muestras, cadena de frío, no son pruebas rápidas chimbas, en los próximos días llegaremos hacer 1.500 pruebas diarias, si hay irregularidades investiguen”. Acto seguido, el 27 de mayo fueron allanados cuatro inmuebles, entre esos el domicilio de Lenin Mantilla, quien horas más tarde fuera separado por el alcalde Yunda, para que “pueda defenderse ante las autoridades”.
EPMAPS
Según el portal 4 Pelagatos, existe un grupo en el municipio, llamado la “Cofradía del Volley”, que es un grupo de funcionarios municipales -amigos y ejecutivos de empresas contratistas- bajo cuya influencia han operado tres empresas municipales que actualmente están sin titular por estar relacionadas a escándalos e irregularidades: la de Obras Públicas (EPMMOP, la de Agua Potable (EPMAPS) y la de manejo de Residuos Sólidos (EMGIRS). La “Cofradía del Volley” habría estado involucrada directamente en las denuncias de la EPMAPS.
Según Diario El Comercio, cinco funcionarios de la empresa de agua potable fueron detenidos por la Policía, en un operativo anticorrupción que se realizó el 3 de junio. Entre los involucrados se encuentra el gerente general, Guido Andrade Bastidas, y cuatro de sus colaboradores. Según la Fiscalía, estos funcionarios participaron en un proceso de compra de equipos de protección para el personal, cuyo contrato por USD 167 920 fue adjudicado a la empresa Silverti, la misma compañía investigada por peculado por la venta de bolsas para cadáveres, con posible sobreprecio, al Hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil. Al enterarse de aquello, el gerente detuvo los pagos a pesar que ya se había recibido un adelanto de USD 80 000.
Foto: El Universo.
Por otro lado, según 4 Pelagatos, el otro episodio fue el insólito robo de USD 1.3 millones de las cuentas de la empresa de agua potable a cuentas bancarias en Hong Kong. Sucedió tres días después de que Guido Andrade pidiera la renuncia a estos cuatro funcionarios, miembros de la “Cofradía del Volley”. De acuerdo a Bernardo Abad, concejal de Quito y miembro del directorio de la EPMAPS, el martes 2 de junio el Banco Central detectó ingresos irregulares de la cuenta que tiene la EPMAPS en el Banco Central, desde donde se hicieron tres giros por USD 1.3 millones a cuentas en Hong Kong. Sin embargo, lo extraño de esto es que el alcalde Yunda dijo públicamente que había ocurrido un hackeo de las cuentas. Horas más tarde, el mismo Banco Central desmintió al burgomaestre, diciendo que las cuentas no habían sido hackeadas.
Por este caso, Abad señaló que Sofía Ruiz Guarderas, asesora del gerente Guido Andrade, está detenida. Ella es sobrina del vicealcalde, Santiago Guarderas, y además esposa de Cristian Hernández Yunda, pariente y asesor del alcalde de Quito. Abad manifestó que “es muy difícil que desde una entidad pública se autorice un giro si es que no se tienen las claves, autorizaciones, un sistema de chequeo. Obviamente aquí lo que ocurrió es que hay el pedido para hacer los giros, y eso es lo que se tiene que investigar”.
Segundo informe
En una segunda entrega, informaremos sobre otros casos de corrupción en Guayas, Manabí y los que han tenido mayor relevancia en Tungurahua, como el caso del contrato del municipio de Ambato “Vías Colectoras III”, que este medio informó oportunamente.
