Miércoles 12 de agosto de 2020
Ecuador se levantó con imágenes del expresidente de la República, Abdalá Bucaram semi desnudo en su casa en la ciudadela Kennedy Norte en Guayaquil, apuntado por una ametralladora, una veintena de policías y cámaras de televisión que captaron la humillante escena.
En el operativo policial, que fue cubierto en vivo por Teleamazonas y reproducido por la mayoría de medios de comunicación nacionales, participaron miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), así como agentes de la Fiscalía.
El mismo día fueron detenidos tres agentes metropolitanos de tránsito de Quito, también vinculados a la trama sobre la venta de insumos médicos. A los tres detenidos se los investiga por delincuencia organizada. Ante estas detenciones se pronunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la Fiscalía General del Estado.
Tras ser detenido, Abdalá Bucaram fue llevado al antiguo Cuartel Modelo, en la avenida De las Américas en Guayaquil.
Contexto del caso
El asesinato del israelí Shy Dahan, quien dijo haber vendido insumos médicos a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente, puso a la familia Bucaram en entredicho. En un audio se escucha a Abdalá asegurando que ayudaría con el Tribunal pertinente para que salga bien librado. Por otro lado, el australiano Sheiman Oren -sobreviviente-, aseguró haber recibido amenazas de Abdalá y Jacobo Bucaram.
Por ello, la Policía detuvo al expresidente y a dos agentes de tránsito de Quito, que eran escoltas de la caravana del exvicepresidente Otto Sonnenholzner. Ante esto, el anterior Segundo Mandatario criticó a quienes pretenden involucrarlo en este caso. Asimismo, la ministra de Gobierno se refirió -de manera tibia- a la excesiva exposición mediática de la detención.
Críticas ante el show mediático
No fueron pocos quienes criticaron el uso desmedido y vulgar de las imágenes del ex Jefe de Estado en esas condiciones durante su detención. Varios abogados expresaron sus puntos de vista ante la detención, misma que quedaría sin sustento al día siguiente, ya que se determinó arresto domiciliario para Bucaram.
Esteban Torres Cobo, asambleísta de la alianza PSC – Tiempo de Cambio por Tungurahua, señaló que “alguien que se ha victimizado como perseguido político, hoy tiene a todo el Estado reeditando ese relato, trabajando para él. ¿Quieren promover la nulidad de su propio caso?, ¿quieren que las pruebas se manchen de nulidades? Este es un Estado de derecho”.
De acuerdo a Hernán Ulloa, abogado de Shy Dahan, “Tumbar las puertas, entrar con un piquete policial, ponerle una escopeta o ametralladora en la cabeza y tomar fotos, filmar (…) son actos de humillación que no pueden darse en ningún concepto”.
El exasambleísta por Tungurahua y exalcalde de Ambato, Luis Fernando Torres, manifestó su postura en su cuenta de Twitter: “¡Deplorable! Con ametralladoras no se debe detener a una persona de la tercera edad; Abdalá Bucaram en su dormitorio y junto a su esposa, mientras duerme. Peor aún, si padece de enfermedades catastróficas y no opone resistencia. ¡Debido proceso para todos!”, manifestó.
Por su lado, Héctor Gabriel Vanegas, abogado defensor de Shelman Oren, manifestó que “la forma en la que llevaron a cabo esta detención es absolutamente burda, es un show y puede afectar y significar una nulidad al debido proceso que deje en impunidad el hecho”.
El abogado Felipe Rodríguez también mostró su desacuerdo por la actuación desmedida de la Policía y la prensa, al señalar que “hay una línea abismal de diferencia entre informar y hacer show de los procesos judiciales y hoy no se debía presentar de este modo el allanamiento (…) Por la vía legal, las repercusiones que puede llegar a tener una detención como la que se efectuó, son varias”.
Según Farith Simon, abogado constitucionalista, “¿Cómo puede hablarse de la nulidad por el operativo? Existiendo autorización legal para el operativo, el allanamiento y la detención, si era 1 policía o 100, no cambia nada. La alegada violación de la intimidad tiene otras consecuencias, no la nulidad”, señaló.
Jueves 13 de agosto
A pesar de todo el show mediático que se montó alrededor de la detención del expresidente, que ya tenía puesto un grillete electrónico, fue en vano. Esto porque a las 02:00 del jueves 13 de agosto se instaló la audiencia -en la Unidad de Flagrancia de Quito- en la que Abdalá B., abogado de 68 años, recibió vía telemática la orden de arresto domiciliario, la medida cautelar más severa en su contra desde el 3 de junio del 2020, cuando se abrieron procesos judiciales para investigarlo por presunto tráfico de armas, para lo que usa grillete electrónico.
Luego de cinco horas de audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada, se determinó arresto domiciliario para Abdalá Bucaram; mientras que para los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) de Quito, se dictaminó prisión preventiva. Ellos son Leandro B., Samuel S. y Clever A.
La figura del arresto domiciliario está contemplado en el numeral 2 del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que “sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica (…) cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad”.
Según El Comercio, sobre el ex Jefe de Estado también pesa una investigación por presunto tráfico de bienes patrimoniales (además del uso de grillete debía presentarse regularmente ante las autoridades judiciales).
De acuerdo a Diario El Universo, entre los hechos acusatorios está la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal por parte de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, la adulteración de documentos diplomáticos y la suplantación de identidad. Este delito sería penado entre 7 a 10 años para el autor principal y de 5 a 7 años para los colaboradores.
Otros delitos
De acuerdo a Fiscalía, hay cinco figuras delictivas conexas a la presunta delincuencia organizada: “una serie de delitos que se están investigando como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida”. Esto se da luego de haber recogido 30 elementos de convicción de varias instituciones públicas y testigos.
Viernes 14 de agosto
La defensa del expresidente Abdalá Bucaram anunció que van a demandar al Estado y a Teleamazonas, canal que transmitió en vivo su detención, ocurrida el 12 de agosto. En una rueda de prensa realizada en la casa del exmandatario, se informó que este viernes ya presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado defensor, Alfredo Arboleda, mencionó las razones de esta demanda contra el Estado: «todas las violaciones por parte del Estado en contra de estos procedimientos judiciales porque no podemos permitir que exista una politización de nuestro ordenamiento jurídico y asimismo que se politicen temas que son netamente jurídicos», sostuvo Arboleda.
Arboleda también dijo que se solicitó una audiencia virtual para exponer el caso ante la CIDH. Dijo que además se presentaría una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lo que calificó como violaciones del Estado durante los procedimientos judiciales contra Bucaram. También dijo que demandaría a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Circo innecesario
El Ecuador está hasta la coronilla de tantos casos de corrupción. Entre las percepciones ciudadanas del país, la pandemia de corrupción supera incluso a la grave crisis económica y a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esto no significa que no deba seguirse el debido proceso para quienes están acusados de corrupción.
Si los sospechosos deben estar en la cárcel, tiene que ser la justicia quien lo determine, no la opinión pública, ni las redes sociales, ni el deseo mayoritario de la población por ver que los corruptos devuelvan algo de lo robado o que al menos escarmienten en la cárcel.
La pandemia de corrupción no debe resolverse con un circo mediático, político y judicial innecesario. Es momento de mantener la racionalidad, decencia y sobre todo el debido proceso para todos los implicados en este y otros escándalos de corrupción, tal como lo señalamos en informes previos publicados en Ambato News.
