El misterio de la concesión, implementación y manejo de los fotorradares en Ambato, tiene a los conductores y transportistas en el limbo, debido a los altos montos de recaudación de estos dispositivos y a la lenta acción de la autoridades ante los constantes abusos.
La concesión en el 2014
Fernando Callejas, en calidad de alcalde, adjudicó el contrato a la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia (SES) por 10 años, con el reparto del 68,5% para la empresa, es decir el 48,5% más el 20% establecido por gastos administrativos y supuestamente el 51,5% que en realidad era el 31,5% para el municipio, de lo recaudado por multas.
En el siguiente cuadro, esta la distribución de las multas contemplado en el contrato firmado por el exalcalde Callejas ante el Notario Séptimo del cantón Ambato el 16 de abril del 2014.
Hubo serios cuestionamientos a esa adjudicación, dado que solo se presentó una oferta y la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para la celebración del contrato, mismo que se efectuó el 16 de abril del 2014. Llamó la atención de los ciudadanos el elevado porcentaje reconocido en el contrato a la empresa. El concejal Bonilla denunció el asunto en la Contraloría. En el informe definitivo número DR3-DPT-AE-0043-2016 la CGE afirmó: «Pese a que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios para pasar a la siguiente fase de evaluación y calificación conforme lo descrito en los pliegos, los miembros de la comisión técnica le otorgaron 87,66 puntos (…) incumpliendo la metodología de la evaluación exigidos en los pliegos relativo a porcentaje de participación propuesto (…) el Alcalde emitió la Resolución Administrativa DA-14-055, de 7 de marzo del 2014, con la cual adjudico la concesión a la compañía ante citada (…) la concesión de este servicio no fue autorizada por los miembros del Concejo Municipal» (p.35-36)
El funcionamiento en el 2015
Luis Amoroso, en el año 2015, durante su gestión como alcalde, autorizó la colocación de los 8 fotorradares, algunos en ubicaciones contrarias a la Ley de Tránsito y a su Reglamento, por encontrarse en curvas o pendientes. Por ejemplo, se colocó un fotorradar en la curva del paso a desnivel de Huachi Grande para bajar a Huachi Belén; esto era una trampa, porque nadie sabia que el dispositivo se encontraba en dicho sector. De igual forma, en la pendiente de la Av. Manuelita Sáenz y otro la salida norte de Ambato.
Tales fueron los reclamos y la observaciones de la ciudadanía y de las autoridades nacionales, que estos dispositivos fueron reubicados. Sin embargo, los ciudadanos tuvieron que pagar multas tramposas. Tras estos hechos, Amoroso planteó al Concejo Municipal que se reforme el porcentaje de la distribución de las multas entre la concesionaria y el municipio. Algo se aumentó en beneficio del Municipio, pero la concesionaria siguió con una participación todavía alta. El Concejo conoció la renegociación el 22 de noviembre de 2017 y aprobó los nuevos porcentajes de distribución para el Municipio y la concesionaria.
Un informe definitivo de la Contraloría General del Estado número DR3-DPT-AE-0043-2016, estableció gravísimas deficiencias en la operación de los fotorradares y ha dado lugar a tres glosas confirmadas con los números: 1). GLOSA-DNPR-00267-80, 2). GLOSA-DNPR-00268-80, 3). GLOSA-DNPR-00269-80, que fueron establecidas mediante resoluciones: 14657, de 10 de septiembre de 2018, 14659, de 10 de septiembre del 2018 y 13029, de 5 de febrero de 2018, respectivamente.
La Procuraduría General del Estado llegó al extremo de decir que el contrato era nulo, que nuca debió ser firmado por el exalcalde Callejas y adjudicado a la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia (SES), en esas condiciones contractuales. Pero que la nulidad debía ser solicitada por el Municipio de Ambato. El concejal Robinson Loaiza fue uno de los más duros críticos del alcalde Amoroso por la forma en que implementó y renegoció el contrato de los fotorradares.
La ejecución desde el 2019
El alcalde Altamirano, desde el 2019, ha seguido ejecutando el contrato de los fotorradares en los términos en los que los adjudicó el exalcalde Callejas y los renegoció el exalcalde Amoroso. Según el informe definitivo de la Contraloría General del Estado número DPT-0047-2020, se han establecido responsabilidades de índole administrativa y civil, que, una vez confirmadas, serán públicas y las conocerá la ciudadanía. Este informe auditó la gestión de los fotorradares entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de septiembre del 2019, mientras que el informe de la Contraloría anterior auditó el periodo entre el 1 de mayo del 2014 y el 31 de diciembre del 2015. Los dos informes tienen observaciones, el unos con glosas confirmadas, y el otro con glosas por confirmarse.
La concejal María José López ha pedido que se hagan conocer los nombres de quienes tienen ya glosas confirmadas por la contratación y gestión de los fotorradares y se le entreguen los dos informes de la Contraloría que se encuentran en poder de la administración municipal. Igualmente, señaló que no entiende las razones por las cuales el alcalde mantiene el fotorradar número 9 en la Av. Bolivariana cuando el MOPT ha señalado que ese tramo de la vía no es municipal sino nacional y allí no debe encontrarse un fotorradar que tiene una función recaudatoria. Este fotorradar sirvió para que se multe retroactivamente a 362 mil conductores entre el 2020 y el 2021, en plena pandemia, en un claro abuso sirviéndose inclusive de una acción de protección presentada en Quevedo. Los multados han transitado por un viacrucis judicial para que los jueces declaren las respectivas prescripciones.
Acciones legislativas
En la Asamblea Nacional, el exlegislador Luis Fernando Torres, presentó un proyecto para bajar el monto de las multas e inició un proceso de investigación por la forma en que se adjudicó el contrato y se ejecutó en las administraciones de Callejas y Amoroso. Torres dijo que los fotorradares constituyen el mayor atraco a los bolsillos de los ambateños, porque no hay relación alguna que justifique una recaudación tan alta en beneficio de la concesionaria frente a una inversión mínima en 8 fotorradares ubicados de manera tramposa para que los conductores incurran en faltas por exceso de velocidad, sin que existan siquiera señales suficientes que le anticipen al conductor sobre el fotorradar. En su candidatura a la alcaldía, el 2019, anunció que demandaría no solo la terminación del leonino contrato de concesión firmado el 2014 sino la indemnización de daños y prejuicios.
La legisladora Lira Villalva, también presentó un proyecto para rebajar las multas y su fiscalización fue de tal fuerza que, inclusive, logró que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, conociera la forma en que se adjudicó el contrato y luego se ejecutó, convirtiéndose en un escandalo nacional la operación de los fotorradares en Ambato. La legisladora puso en la mira pública a quien adjudicó y suscribió el contrato, el exalcalde Callejas, quien, por ese entonces, también era asambleísta y duro crítico de la bancada a la que pertenecía la asambleísta Villalva.
No hubo la mayoría suficiente de legisladores para que se aprobara la rebaja de las multas cuando se reformó el COIP y la Ley de Tránsito en el Pleno de la Asamblea Nacional, según el proyecto presentado primero por el asambleísta Torres y después por la asambleísta Villalva, ambos miembros de la Comisión de Justicia, donde lograron, en un trabajo coordinado, que en el informe de la Comisión se tratara el tema de las multas en el Pleno. Sin embargo, la voz de los dos legisladores no contó con el apoyo mayoritario y no se aprobó la reforma legal.
Millonaria recaudación de multas
Durante los 7 años de funcionamiento de los fotorradares, la empresa concesionaria ha recibido más de 28 millones de dólares de los 53 millones de dólares recaudados entre el 2015 y el 2021. Hasta ahora la ciudadanía desconoce cuanto ha invertido la concesionaria privada en la instalación y operación de los 9 fotorradares.
