La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante su intervención Salazar informó que se ha solicitado una orden especial de inmovilización del inmueble en el que se habrían suscitado los hechos, para evitar su destrucción y preservar evidencias.
La titular de la institución empezó su intervención informando que este caso inició el 13 de septiembre de 2022 como una investigación por desaparición involuntaria, y que, desde el 23 de septiembre, se reformularon cargos por el delito de femicidio, por el que son procesados Germán Cáceres (teniente de Policía en servicio activo y esposo de la víctima) y Josselyn S. (cadete de Policía).
A través de una línea de tiempo, detalló los hechos y acciones que se han cumplido en este caso, luego de que se conociera la denuncia por la desaparición de la abogada, con lo que se inició una investigación previa y se activó el “Protocolo de actuación interinstitucional para el registro de denuncia, investigación, localización y cierre de casos de personas desaparecidas”, en las primeras horas del 13 de septiembre.
Sostuvo que, desde ese mismo momento se conformaron varios equipos que ejecutaron acciones de búsqueda en varios sectores de Quito. Este proceso concluyó con el hallazgo de restos humanos, la mañana del 21 de septiembre de 2022 en el cerro Casitagua, aledaño a la Escuela Superior de Policía, donde la víctima fue vista por última vez con vida.
Al cierre de su intervención, Salazar hizo un llamado a las autoridades de las demás funciones públicas: “es imprescindible tratar la violencia contra la mujer como un tema estructural. La prevención primaria del delito y la prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea pendiente como Estado».
