Por: Luis Fernando Torres
Tuvieron que presentarse 7 pedidos consecutivos de medidas cautelares, por el mismo ciudadano Vicente Párraga, en el Complejo Judicial de la Concordia, para que el todopoderoso juez, Lindao Vera, conociera una de ellas y la admitiera inmediatamente a trámite concediéndole al peticionario la gracia de ver asfixiarse a la Asamblea frente a 4 vocales destituidos del CPCCS. En varios cantones del país se presentaron otras 8 acciones con el mismo fin. De los 15 pedidos sólo prosperó, misteriosamente, el que conoció el juez Lindao.
Los parlantes a favor de semejante abuso judicial ensordecieron a los ecuatorianos con su apoyo a la actuación del juez de la Concordia con el objeto de colocar, como verdad, en el imaginario colectivo, la solemne mentira de que la Asamblea había destituido a 4 vocales del CPCCS para apoderarse de los órganos de control.
Lo más reprochable y vergonzoso fue que el Ministro de Gobierno, junto al séquito de Carondelet, apareció para defender a Lindao, como el ejemplo mayor para los jueces. Por ese mismo tiempo, el Presidente, inclusive, llegó a acusar a otros jueces de estar próximos al crimen organizado, sin imaginarse que la asociación de jueces del Ecuador le iba a poner en su lugar recordándole que no puede interferir en la justicia.
Los que sostienen que la Asamblea debe aceptar y ejecutar lo resuelto por el juez Lindao defienden no sólo la arbitrariedad judicial sino una providencia judicial jurídicamente inexistente. Ubicándose al lado de este juez, dejan a los buenos jueces, que sí los hay, sin razones para que hagan lo que están llamados a realizar, esto es, aplicar el ordenamiento jurídico.
La medida cautelar la interpuso el señor Párraga sin haber señalado siquiera que lo hacía para que los 4 vocales del CPCCS no fueran destituidos. En medio de una intencionada confusión conceptual, en la petición divagaba sobre sus derechos, los del ciudadano Párraga, frente a la resolución de la Asamblea. Sin hacerle esperar, el juez le otorgó, milagrosamente, lo que no habían pedido él ni los 4 vocales destituidos. Por ello, la providencia tiene el mismo valor de la que pudiera dictar un comisario municipal ordenándole a un alcalde, por ejemplo, que limpie personalmente las calles.
La Asamblea debería impulsar procesos judiciales y políticos en contra de los funcionarios que han hecho apología del delito, al defender el fraude judicial para destruir el principio de la independencia de los poderes.
