Durante el debate, en el que la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos el informe condenatorio de las actuaciones del presidente y su cuñado, en el caso “Gran Padrino”, el asambleísta Esteban Torres Cobo, jefe la bancada legislativa de la 6 y aliados, sostuvo que el presidente estaría incurso en una de las causales de destitución, en concreto la número 2 del artículo 129 de la Constitución, por no haber impedido que se cometan las infracciones por parte de Chérrez, Luque y otros más, entre ellos, inclusive su cuñado Carrera.
En su intervención hablo de la figura de la Comisión por Omisión, mencionando el artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a sabiendas que el acto con el cual debía iniciarse el juicio político era distinto del informe que la Asamblea estaba discutiendo.
En el debate de Teleamazonas dirigido por Andrés Carrión en el programa Hora 25, el asambleísta Vanegas, defensor del presidente, dijo que era imposible que se pudieran cometer delitos en contra de la administración pública por omisiones. Llego al absurdo de sostener que para que haya delito de peculado tiene que haber un contrato firmado y escrito en el que exista la prueba de la disposición arbitraria de fondos públicos.
Ante semejante barbaridad jurídica el asambleísta Torres, le recordó al legislador Vanegas que el peculado consiste en la disposición arbitraria de fondos públicos y lo que menos se necesita para probar un peculado es un contrato, por lo que lo afirmado por el asambleísta Vanegas es un absurdo jurídico.
Varios comentaristas han señalado que el asambleísta Vanegas al parecer, no ha ejercido la profesión en el ámbito penal, en materia de peculados. Están en el Ecuador, sancionados por peculado sin contrato alguno, funcionarios y terceros que han participado en la disposición de fondos públicos. Inclusive, aquellos que han facilitado la comisión de peculado, por omisiones que han conducido a la falta del deber de cuidado.
Por último, el columnista Roberto Aguilar, de Diario Expreso publico el 8 de marzo del 2023, un artículo colmado de insultos en contra del asambleísta Esteban Torres. En ellos se hace eco de lo afirmado por el legislador Venegas y por todos los defensores del presidente, en el sentido de que ningún funcionario público es responsable por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, si no participa activamente en el delito. Es decir, si el funcionario ve que se esta disponiendo de los fondos públicos, conoce oficialmente que eso ocurre, ordena que el informe se archive , y además nombra a un delincuente para que siga robando a pedido de otros delincuentes, resulta que para este columnista eso no es delito.
Según el estrecho pensamiento de Aguilar, ningún funcionario debería responder por el robo de fondos públicos realizado por terceros, a vista y paciencia de quien tiene la obligación no solo de denunciarlos, sino impedir que se produzca el saqueo de los fondos públicos.
La injuria de Aguilar fue contestada jocosamente por el asambleísta Torres, con un bolón y dos bromas en las ciudad de Portoviejo, en uno de los recesos de la sesión de la Asamblea.
Los estudiosos del derecho penal sostienen que si existe peculado por omisión. En efecto el Jurista Jorge Arturo Abello, en el artículo científico “El peculado por comisión por omisión en Colombia”, publicado https://twitter.com/pencaladah/status/1633845130271522818en la revista Pensamiento Jurídico de Colombia, sostiene que si existe peculado por omisión. Más aún, sobre lo que no hay duda es que más allá de la omisión los funcionarios que no son coherentes con su deber de cuidado responden por los delitos que se cometan, incluidos los delitos en contra de la administración pública.
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Fue un anzuelo que mordieron los ingenuos defensores de las tesis del Gobierno el que lanzo el asambleísta Torres en la sesión del legislativo, con la finalidad de que se concluya lo que hasta ahora es una conclusión, inclusive, manifestada por los propios defensores del Gobierno, esto es, que si hubo omisión presidencial el momento en que el presidente simplemente se hizo de la vista gorda frente al informe de corrupción de Luis Verdezoto, funcionario de la presidencia, en el que le comunico las gravísimas irregularidades en las empresas públicas, y luego, como hecho subsecuente, el nombramiento de Luque, con todos los poderes a la cabeza de las empresas públicas, por recomendación del Gran Cuñado y su amigo Chérrez.
Si no existe delito conta la administración pública, bajo la figura de comisión por omisión, no cabe la menor duda que si existe por falta de deber de cuidado. En este sentido se pronuncia uno de los conocedores de la constitución en el programa La Posta. Habrá que ver como se retiran el anzuelo aquellos que mordieron lo de la comisión por omisión, ingenuamente e hinchados de resentimiento y odio. Una vez más el asambleísta Esteban Torres Cobo da una lección de estrategia jurídica y politica a todos los que no ven más allá de sus narices. El juicio, de lo que se ve, sigue, y con gran fuerza jurídica.
