Por: Álvaro E. Sánchez Solís
El fin de semana, mientras los ecuatorianos nos estábamos preparando para el Domingo de Ramos, el presidente de la República hizo, el sábado 1 de abril, un anuncio que polarizó al país: se autorizó el porte legal de armas de uso civil para defensa personal. Esta decisión se tomó en el contexto de una incapacidad del gobierno para controlar la creciente ola de delincuencia en el Ecuador.
Lejos de la negativa valoración personal que tengo del presidente, creo que la decisión es, aunque tardía, correcta. Tardía, porque Guillermo Lasso apoyó esta propuesta – nacida, originalmente, del asambleísta Esteban Torres Cobo, a través de un proyecto de ley – durante la campaña política y, desde que ganó las elecciones, hasta el momento, no ha tenido la voluntad política de cristalizarla.
Para explicar por qué me parece correcta esta decisión, hay que aclarar algo: los pésimos asesores de comunicación del Gobierno no dejaron en claro que esto no es un “libre” porte de armas, sino un porte “legal”. Ello quiere decir que se tienen que cumplir ciertos requisitos para portar un arma y que no se puede comprar un revólver en la tienda de la esquina, como muchos opositores a la medida comentaron. Para ver los requisitos, se debe revisar el Decreto Ejecutivo 707 del presidente.
Aclarado lo del porte legal, me parece correcta la decisión porque el uso de las armas está autorizado para defensa personal. Es decir, se tienen que cumplir con los requisitos de la legítima defensa establecidos en el artículo 33 del COIP: i) Agresión actual e ilegítima, ii) Necesidad racional de la defensa, y iii) Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Mucha gente, por ignorancia de lo que implica la legítima defensa, han criticado la medida alegando que el Ecuador se convertirá “en el viejo Oeste”. Nada más alejado de la realidad.
El crimen y el narcotráfico en el Ecuador no dan tregua y, ante una incapacidad del gobierno de dotar a la Policía Nacional del financiamiento y de las herramientas para proteger al ciudadano – repintando, incluso, vehículos comprados en el 2016 –, las personas podrán protegerse si un delincuente entra a sus casas o les asalta en la calle. Con porte legal o no, los malhechores siempre estarán armados, la medida hace la diferencia para el ciudadano honesto y de bien que puede evitar un asalto con un arma bien usada.
