Por: Álvaro E. Sánchez Solís
A nivel nacional e internacional, se han observado casos de políticos que, por razones legítimas o no, enfrentan procesos judiciales. Aquí no pretendo discutir si estas sentencias son legales o no, sino que me enfocaré en lo que denomino el «empujón judicial» que estas decisiones brindan a un político.
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue arrestado debido a un proceso en el cual supuestamente pagó una suma de dinero a una actriz pornográfica a cambio de su silencio sobre una relación que ambos habrían tenido, en el contexto de la campaña presidencial de 2016. El problema radica en que el dinero provino de sus empresas y no fue declarado. Ante esta situación, los seguidores de Trump han utilizado el proceso judicial como una bandera de lucha en contra de los demócratas, argumentando que Trump es víctima de persecución y que intentan debilitar su capital político de cara a las próximas elecciones. Esto ha permitido que la imagen del polémico expresidente reciba un impulso que le ha permitido competir en la nominación republicana y, potencialmente, ganar las elecciones presidenciales.
Otro ejemplo es el de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Lula fue detenido el 4 de marzo de 2016 en el marco del caso «Lava Jato», pero el 7 de noviembre de 2019 fue liberado y, después de un año, declarado inocente. Se podría pensar que un ex presidente que ha sido encarcelado en un caso de corrupción debería perder su capital político y caer en las encuestas. Sin embargo, Lula venció a Bolsonaro en 2022 con poco más de 59 millones de votos.
Un último ejemplo es el de Rafael Correa, quien actualmente se encuentra condenado a prisión en el “Caso Sobornos». Tanto Correa como sus seguidores han interpretado la sentencia condenatoria como una forma de anular su fuerza electoral y evitar su participación en las elecciones. De hecho, la condena ha impedido que Correa participe en las elecciones de 2021. En un escenario político convulso como el nuestro, Correa, según las últimas encuestas, es el político con mejor valoración popular en el país.
En estos tres ejemplos he querido evitar el uso del término «lawfare», que implica la instrumentalización del sistema judicial para provocar el rechazo hacia un político, dado que calificarlos de «lawfare» implicaría reconocer que los cargos son falsos, lo cual solo se ha demostrado en el caso de Lula. Sin embargo, lo que se demuestra con estos tres ejemplos es que los procesos judiciales pueden convertir a los políticos en mártires que, al defenderse argumentando persecución, aumentan su capital político.
