Por: Esteban Torres Cobo
El reciente archivo en la Asamblea Nacional de un Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Superior es la crónica de todo lo que no se debe hacer en política y, especialmente, en la práctica legislativa. Una muestra más de que los consensos y los puntos medios son la gran vara para superar la regla que con acierto nos ha fijado la democracia: la mitad más uno para aprobar tesis e ideas. Una regla que, además, es difícil de lograr cuando nadie tiene la mayoría y que requiere la exitosa gestión de las contradicciones.
Un poco de contexto. Ni bien inició la actual Legislatura en mayo del 2021, una de las comisiones más importantes, la de Educación, recibió varios proyectos para reformar la polémica Ley Orgánica de Educación Superior. Al final terminaron siendo más de veinte iniciativas las que, por dos años, reunieron a decenas de expositores, expertos y técnicos. Horas y horas de trabajo de una comisión y de salidas fuera de Quito para recoger las visiones de todo el País. Miles de hojas y horas de grabación. Centenas de documentos con sugerencias para mejorar una ley que sin puede podía y puede ser mejor. El trabajo de casi dos años de nueve asambleístas y de varios asesores.
El proceso legislativo tiene varias etapas y el primer paso importante consiste en aprobar un informe que llegará por primera vez a la discusión de todos los asambleístas en el Pleno. Y, en esta historia, el informe para Primer Debate (como se llama) fue un texto bien hecho, positivo, transformador y técnico. Hasta ese momento todo marchaba bien. El problema surgió luego de ese episodio. El texto empezó a ser un testamento con las peticiones de todo el mundo que, sin el liderazgo con experiencia del presidente de la Comisión y ponente del proyecto, se convirtió en un texto más malo que bueno.
El ponente, además, imprimió su particular visión sobre lo que debía ser la reforma con mucho celo y pensando solo en lo que su partido político quería, dejando a un lado lo correcto y la búsqueda de consensos. Pero no solo eso, sino que condenó a todo el proyecto por su inexperiencia al momento de buscar los votos para aprobar al menos lo bueno. Mandó a la Ley al matadero y mató dos años de trabajo. Realmente una vergüenza por donde se lo mire. Un pésimo ejemplo de cómo no se debe actuar en democracia.
