Por: Álvaro E. Sánchez Solís
En los últimos meses hemos sido testigos de ciertas depuraciones en el ámbito de la justicia, llevadas a cabo por medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Los casos «Purga» y «Metástasis» han escandalizado al país entero, aunque, como todo lo que sucede en el ámbito mediático, también ha permitido que politiqueros se aprovechen para atacar enemigos políticos de diferentes bandos.
Y es que la podredumbre de la justicia no es algo nuevo. La Función Judicial siempre fue el botín de diferentes grupos de poder, políticos o no, que buscaban el control de jueces para cumplir con protervas pretensiones. El problema es que ahora la Justicia se encuentra en manos de un grupo más oscuro: el narcotráfico.
Los grupos de delincuencia organizada han esculpido una justicia a su medida: hábeas corpus sin técnica constitucional a mansalva, liberación de delincuentes al día de haber sido detenidos y acciones de protección que obstaculizan el trabajo del Gobierno Nacional para retomar el control de las cárceles. La Corte Constitucional ha intentado poner un pare a este tipo de decisiones, mediante las sentencias No. 12-23-JC/24, sobre las medidas cautelares; 98-23-JH/23, que ratificó la nulidad del hábeas corpus de Jorge Glas y otras, como la 224-23-JP/24 que, si bien no tiene que ver con narcotráfico o delincuencia, intenta frenar la desnaturalización de las acciones de protección.
Los ciudadanos debemos apoyar la oportuna actuación de la Fiscalía y otras instituciones del Estado que se han unido para combatir al narcotráfico y sus diferentes herramientas de actuación, como los jueces serviles y miembros de instituciones estatales que han sido coaccionados para actuar de cierta forma.
