Por: Luis Fernando Torres
En los impuestos directos, como el impuesto a la renta, aflora paladinamente la diferencia entre los conservadores y los socialistas. Mientras éstos tienden a subir los impuestos directos, independientemente que las víctimas del espolio sean ricos o integrantes de las clases medias, aquéllos, por el contrario, se inclinan por reducir tales impuestos. Para los socialistas lo importante es que el gobierno de turno disponga del mayor volumen de recursos de los contribuyentes, bajo el principio que las autoridades estatales son las que pueden dar el mejor destino social posible a ese dinero. Los conservadores, algunos de corte liberal, piensan lo contrario, pues, para ellos, son los contribuyentes los que mejor uso le pueden dar a su dinero. No es una diferencia de matices sino de grado. Los unos se entregan al paternalismo estatal, al tiempo que los otros confían en la autonomía individual.
Los conservadores españoles han hecho, para las elecciones europeas, un planteamiento novedoso. Proponen que los jóvenes, de entre 18 y 34 años de edad, no paguen impuesto a la renta, por los primeros 30.000 euros de ingresos, durante 4 años, con la exención reduciéndose a partir del tercer año hasta el primero, desde 75% a 25%, respectivamente. La condición que han establecido para gozar de esa exención tributaria, es que el dinero que dejen de pagar los jóvenes contribuyentes lo utilicen para adquirir una vivienda, desarrollar un emprendimiento, formarse o tener hijos y alimentarlos. Las críticas de los socialistas no se han hecho esperar.
Dado el complicado estado del mercado inmobiliario español, con viviendas cuyos precios han subido descomunalmente, difícilmente un joven empresario o profesional decide comprar un inmueble, con hipoteca y deuda. Le resulta más óptimo arrendar que comprar. Las causas de esos elevados precios se encuentran en las equivocadas políticas del gobierno socialista, entre ellas, los controles artificiales de precios, la rigidez en la oferta de suelo, los castigos a la oferta inmobiliaria y la reducción de las garantías jurídicas de los propietarios frente a los inquilinos.
Si bien en el Ecuador no existen iniciativas tributarias parecidas a las propuestas por los conservadores españoles, al menos la reciente modificación del Pugs de Ambato permite pensar que, en el futuro próximo, el mercado inmobiliario local, con una visión más racional del uso de suelo, se reactivará con una oferta que guarde correspondencia con la capacidad adquisitiva de los compradores, especialmente los jóvenes con ingresos gravables.
