Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Pocas veces escribo una columna con los sentimientos a flor de piel. Esta es una de esas ocasiones en las que la indignación y la ira no caben en mi pecho, y necesito desahogarme en este espacio que este tradicional e importante periódico me ha otorgado.
Pocos minutos antes de redactar esto, pasé por una audiencia de Acción de Protección con una jueza de primera instancia de una ciudad X de este país. El caso era sencillo: una mujer falsificó información sobre un presunto embarazo después de dos meses de haber pasado por un aborto espontáneo. Esto lo hizo para aferrarse a un cargo público de libre nombramiento y remoción. La demanda estaba mal elaborada: era escueta, tomaba datos aislados y acusaba la vulneración de una infinidad de derechos sin fundamentarlos correctamente; y lo más curioso: se ingresó la demanda en una ciudad muy diferente al lugar en el que ella vivió, trabajó y en el que sucedieron los hechos. Desde ahí, me generó un aire de duda, ya que me trajo oscuros recuerdos de los famosos «hábeas corpus en Manglaralto».
En todo caso, comparecí a la audiencia defendiendo a una institución pública, y, desde el inicio, entendí lo que sucedió: la juez subsanaba errores insalvables de la demanda, vulneraba el derecho a la defensa de la institución pública y se enojaba si se le formulaba una observación. La juzgadora estaba comprada.
Hoy, después de dos audiencias en las que la juez y la accionante se ayudaron mutuamente, se dictó la sentencia declarando la vulneración de derechos por hechos inexistentes e inconexos, abusando del «iura novit curia» para crear un caso paralelo y acomodar todo para encajar en una fantasiosa versión de malévolas instituciones violando derechos a mansalva de una mujer que ni siquiera estaba embarazada.
¿Qué sabor me dejó esto? Tristeza e indignación. Con este tipo de jueces en el país, el derecho está condenado a un segundo plano frente a las poderosas billeteras e influencias. Temo que, con el aumento de la corrupción judicial, tengamos un futuro en el que los litigios se resuelvan sobre la base de quién le pagó más al juez o de quién tiene una mayor amistad con el juzgador.
Y, ¿saben qué es lo que más me indigna? Que los afectados serán los ciudadanos que tienen problemas reales y necesitan que la justicia los atienda con celeridad. La justicia mima a los que pagan la tasa de la corrupción judicial y patea a la mujer violada, a la mujer que de verdad se encontraba embarazada y al ciudadano cuyos derechos fueron vulnerados terriblemente, pero que no tuvo la previsión de guardar pruebas de aquello.
Sólo espero que el Consejo de la Judicatura, dirigido por quien considero un buen funcionario, haga su trabajo y sancione a todos esos malos jueces que se aprovechan de su cargo para jugar con la vida, el patrimonio y la tranquilidad de la gente.
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